El lava cato

El empresario brasileño Leo Pinheiro ha decidido dar a la justicia, bajo la fórmula de una delación premiada, la información completa sobre los sobornos pagados por empresas constructoras al presidente Evo Morales, a la chilena Michelle Bachelet y al peruano Ollanta Humala, en ese orden.

De esa manera, el mayor escándalo de corrupción que sacude a Sudamérica llega a Bolivia cuando faltan pocos días para las elecciones, en las que se ha propuesto participar el primero de los aludidos por Pinheiro, el boliviano que fue vetado por un referéndum, justamente cuando se ufana de ser candidato a pesar de que le dijeron no.

La fuerza con que avanza la investigación del Lava Jato, con el juez Sergio Moro en el cargo de Ministro de Justicia y el expresidente Lula da Silva ya en la cárcel, deja abierta la posibilidad de que el presidente Morales sea convocado por Interpol, la señora Bachelet suspendida en su cargo en la ONU y Humala citado también.

Esas acciones se pondrían en marcha después de la “homologación” de los datos ofrecidos por Pinheiro, datos que, extrañamente, fueron retenidos desde el año pasado, cuando el empresario pasó a tener detención domiciliaria, pero ahora salieron a la luz gracias a una investigación periodística de The Intercept, Telegram y Folha de Sao Paulo.

Los documentos que ofrece Pinheiro revelan, según anticipa El País de Madrid, que el presidente Morales recibió sobornos para adjudicar la ejecución de obras viales sin licitación, detalle que coincide con los hábitos del actual gobierno de conceder contratos multimillonarios mediante “invitación directa”.

Muy aprisa, la ABC informó la semana pasada que había sancionado a la empresa OAS ejecutando una boleta de garantía por 29 millones de dólares, con lo que la entidad se propone mostrar que ha sido severa con la constructora brasileña, presunta sobornadora del presidente, aunque quizá esté dando una idea de la magnitud del soborno.

La información de ABC se refiere a un contrato con OAS para una carretera en Beni, quizá sin haberse enterado de que los documentos que ofrece Pinheiro son acerca de la carretera Tarija-Potosí.

No se puede saber qué repercusiones tenga esta denuncia en la política boliviana y en las elecciones de octubre. Pero queda claro que con la globalización, los delitos cometidos por un gobierno corren el riesgo de ser castigados por sistemas judiciales foráneos.

El largo brazo de la justicia.

Siglo21bolivia.com