Padrón observado por la OEA consolida el fraude electoral

La Constitución Política del Estado (CPE) en el Art. 208.III establece: “Es función del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el Registro Civil y Padrón Electoral”. Por la auditoría realizada en 2018 al Padrón Electoral de Bolivia, la OEA recomendó subsanar las observaciones para “garantizar el derecho a una identidad única e irrefutable, no solo biométrica sino también biográfica”. En el 97% de casos, los nombres de las cédulas no coinciden con los del padrón, porque se detectó que hay 50.000 carnets REPETIDOS, que se usará para las elecciones de 2019, sin que se haya subsanado el problema. En la aplicación Yo participo se detectó problemas como que muchos militantes de partidos políticos están inscritos en otros partidos y, peor aún, personas que nunca militaron, están inscritas en partidos políticos y los fundadores no están inscritos.

El TSE dio la opción de que se podía llenar formularios de renuncia y anulación de registro y aproximarse a las oficinas del Tribunal Departamental correspondiente, una salida espontánea sin planificación, organización ni mucho menos administración idónea.

En vista de tanto error, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, dijo suspender las primarias. “Y también vamos a suspender las secundarias y las terciarias porque no hay primera sin segunda ni segunda sin tercera”. Pero no se subsanó los errores y se siguió con las “Primarias”, completamente ILEGALES, porque solo sirvió para tratar de legalizar al binomio Morales-García. Nada suspendió porque está sujeta a las decisiones del poder político, avalando las primarias que luego las transgredió reemplazando postulantes.

Hubo denuncias públicas de los Tribunales Departamentales Electorales en los departamentos de Beni y Pando, sobre el traslado de personas para inscribirse en el Padrón, sin embargo no se concretaron las investigaciones porque estaban involucrados los servidores dependientes del TSE, aumentando las vulneraciones a la Constitución y sus propias leyes y reglamentos.

En Morochata (Cochabamba), el presidente Morales manifestó: “Yo sé hermanos que aquí no solamente con el 90%, (de apoyo). Hermano alcalde de Morochata, si me garantizan el 100% (de votos), lo que ustedes pidan el próximo año”. “El ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza a cambio del voto es un delito (Ley 026, Art. 119). Las prácticas clientelistas del MAS para comprar la conciencia ciudadana son inaceptables, y es deplorable el silencio cómplice del TSE. El Art. 119 de la Ley de Régimen Electoral señala que está prohibida la propaganda que “implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza”.

El TSE publicó que somos 7.315.364 de personas habilitadas para votar en las elecciones de octubre 12.5% más que en 2016, cuando el crecimiento vegetativo según el INE es del 1.5% y en el exterior pasó de 256.991 en 2016 a 341.001 con un crecimiento del 31%. El Registro Cívico (Sereci) atribuye ese crecimiento, “al mayor interés que existe entre los residentes nacionales”. Por tanto, está en marcha un plan de manipulación de recintos de votación en el exterior de más de 77 ciudades en 33 países. Por ejemplo: En Teherán, capital de Irán, en 2016 estaban registrados 4 ciudadanos, y ahora existen 1.240 ciudadanos, en Río de Janeiro, Brasil, había 246 ciudadanos, ahora aparecen 9.870 nuevos votantes, en Buenos Aires (Argentina) ha subido a 117 mil votantes. El TSE debe presentar un informe detallado y explicar este incremento registrado en menos de 2 meses, las remesas bajaron considerablemente por tanto los migrantes están retornando al país.

Por las acciones inconstitucionales e ilegales, llenas de vicios en todo el proceso electoral, que atentan contra la democracia, hay dudas sobre la transparencia de las próximas elecciones, que tendrá consecuencias sobre la legitimidad del sistema electoral y del gobierno que surja. Exigimos al TSE realizar un Nuevo Padrón Electoral y cumplir con las recomendaciones que hizo la OEA, porque pueden ser sujetos a Juicio de Responsabilidades.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.