Exigen justicia por muerte de dos cocaleros en La Asunta

A más de un año de la muerte de los dos cocaleros que perdieron la vida en La Asunta, Eliseo Choque y Carlos Vega, dirigentes y amigos reclaman justicia porque el Ministerio Público no habría iniciado investigaciones aún.

Choque y Vega perdieron la vida en La Asunta, el miércoles 29 de agosto de 2018, fueron abatidos con disparos de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con información del entonces fiscal de materia del caso, Alexis Vilela, uno de ellos tenía cuatro orificios de entrada y salida de arma de fuego y el segundo dos orificios con las mismas características.

En esa oportunidad, el entonces comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, confirmó que los dos cocaleros perdieron la vida en La Asunta, luego que efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y un equipo policial de apoyo respondieran con sus armas de reglamento a un ataque de “francotiradores que hostigaban” a estas unidades para evitar la erradicación de cultivos de coca.

“Fruto de este nuevo ataque han sido identificados francotiradores en las serranías y se ha procedido a su neutralización en legítima defensa y haciendo uso proporcional de la fuerza ante el ataque letal de estos. Como consecuencia de estos hechos es lamentable comunicar el fallecimiento de dos personas de sexo masculino de aproximadamente 40 y 41 años de edad. Los mismos no han sido identificados, quienes portaban armas de fuego logrando secuestrarse en el lugar un fusil Mauser”, decía Mendoza, en conferencia de prensa.

JUSTICIA

El ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Asunta, Freddy Quispe, lamentó que el Ministerio Público no haya iniciado las investigaciones por la muerte de dos compañeros, su hijo de diez años, y no se esclarezca el deceso del teniente Daynor Sandoval.

“Hasta ahora no hay ninguna investigación, nosotros estábamos empezando a pedir informes del avance pero nos iniciaron procesos a los dirigentes y nos han sacado mandamientos de aprehensión. No podemos salir porque si lo hacemos seguro nos detienen por eso ya no hemos insistido, porque sabemos que para nosotros no hay justicia”, dijo.

Quispe, a tiempo de lamentar que los hechos suscitados en 2018 hayan enlutado a cuatro familias cocaleras, afirmó que continúa el temor en su sector por lo que se ven imposibilitados de pedir investigaciones, ya que las personas tienen miedo hasta de hablar por temor a represalias como pasa con su líder Franclin Gutiérrez, que en su criterio guarda detención preventiva siendo inocente.

Manifestó que a la fecha no se tiene indicios ni se esclarece la muerte del teniente Daynor Sandoval, que también era del sector. “Lo tienen detenido al hermano Franclin como autor intelectual, pero hasta ahora no se hacen investigaciones para dar con el autor material. Dicen que murió por un disparo pero no se sabe a ciencia cierta, lo único que hace el Ministerio Público es perseguir dirigentes y no llegar a la verdad de los hechos”, aseveró.

Recordó que informes preliminares hablan de que Sandoval murió a manos de francotiradores, hipótesis que en su criterio son falsos, toda vez que murió por una herida en la pierna y no como los cocaleros a quienes los acribillaron destruyendo toda su cabeza. “Incluso estaban sus sesos derramados por todo el Puente de San Antonio”, refirió.

Quispe cuestionó que a la fecha no se haya realizado la Inspección Técnica Ocular (ITO) en el caso de la muerte del teniente Sandoval, pese a que siempre existieron las garantías suficientes.

“Por qué recién quieren hacer la ITO, hasta telas de araña hay en su lugar. Yo pedí en su momento, porque los militares habían tomado todo ese sector, la gente de la comunidad salió con su familia a otro sector por todo lo que estaba pasando. No volvieron sino hasta casi dos meses y medio, era todo vacío”, aseveró.

MUERTE DE UN NIÑO

Con mucho dolor, el dirigente cocalero recordó que el día 28 de agosto de 2018, encontró votado en el río a su hijo de diez años.

“Mi hijo no ha muerto por ahogamiento, porque cuando uno se ahoga son notorios algunos rasgos, a mi hijo lo han votado muerto, por eso quiero que se investigue pero ahora la gente tiene miedo hablar, hay uno que está detenido y dijo que este caso era planificado porque el caso era sacarnos de la marcha”, explicó.

HUÉRFANA

Eliseo Choque era viudo y se encargaba solo de cuidar a su hija de seis años de edad, misma que a la fecha vive con uno de sus tíos y no recibe apoyo de ninguna institución.

El 31 de agosto, cientos de cocaleros que llegaron en una caminata desde La Asunta recorrieron calles del centro paceño, portando al hombro los ataúdes de dos de sus compañeros, en protesta contra el Gobierno pidiendo libertad para el presidente de la Asociación Departamental de los Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, y apoyo con la manutención de la niña que quedó huérfana.

Sin embargo, Quispe, lamentó que a la fecha ninguna institución se haya acercado a la niña, y que por el contrario la Defensoría Departamental haya intentado alejar a la niña de la tutela de su tío.

Aseveró que las veces que hay ampliados, la gente colabora con lo que puede para la pequeña.

“La defensoría quería quitarle al tío, por eso le obligaron a hacer una vivienda y el señor se prestó dinero para hacer su casa y cumplió para que la Defensoría no le quite a la niña. De manera pública hemos pedido a todas las organizaciones que se pueda hacer algo pero nadie hizo nada, y como el municipio está a favor del Gobierno tampoco hizo nada”, lamentó.

INFORMES

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, informó que junto a su par, Rafael Quispe, solicitarán una petición de informe escrito al Ministerio Público para ver los pormenores de las investigaciones que se realizaron a la fecha.

“La investigación en el caso de ellos no avanza, solo por la muerte del teniente Sandoval se lo tiene detenido a Franclin Gutiérrez, pero ni siquiera se da con el responsable, por eso estamos pidiendo una serie de informes al Ministerio Público para que informen sobre esa causa y verificar por qué no avanza, qué pruebas hay, qué policías han declarado, qué pruebas técnico periciales tienen para avanzar. Esperamos que tengan algo”, manifestó.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal Baños, informó que pidió informes sobre el avance de las investigaciones por el caso, pero vanos fueron los intentos, pese a haberse reunido con el fiscal Departamental William Alave, quien la derivó a los fiscales del caso que no supieron explicar los avances.

MINISTERIO PÚBLICO

Este medio de comunicación pidió información del caso desde el 9 de septiembre, pese a haber compromiso del fiscal Departamental de La Paz, William Alave, de informar al respecto en fecha 19 de septiembre, no hubo resultados.

Desde la Unidad de Comunicación nos hicieron conocer que nos brindarán detalles del caso el próximo lunes 30 de septiembre.