Hechos delictivos son pretextos partidarios

Lo ocurrido en Santa Cruz el pasado jueves 12 del mes en curso y que afectó a todo el país, es censurable en todo sentido. El asalto a sedes del partido político que propicia la re-re-reelección del Presidente, por parte de delincuentes y extremistas y que es endosado a candidaturas de partidos políticos que terciarán en las elecciones de octubre, es un hecho que lastima a todos los bolivianos sin excepción. Mal se puede endosar semejantes hechos de saña y vandalismo a fuerzas políticas que, por principio, se debe entender, no deberían llegar a extremos como los lamentados, sin riesgo de aparecer como indignos de la confianza ciudadana.

Quienes han cometido los hechos que se lamenta, son personas que casi siempre están al servicio de los que buscan sembrar caos, destruir propiedades, apoderarse de lo ajeno, atentar contra bienes públicos y privados y hasta abusar con golpes y armas blancas a pobladores que nada tienen que ver con ellos o con parte interesada alguna.

Santa Cruz ha sufrido nuevamente tropelías y, una vez identificados los autores, deben ser castigados severamente por los tribunales de justicia (si es que éstos se sienten habilitados para imponer las leyes), sin que medie alguna gestión de partes interesadas que sería difícil encontrar y calificar en las actuales circunstancias. Esta situación acarrea, de todos modos, deseos revanchistas en quienes, militantes del MAS, están convencidos de “es la oposición, instrumentada, además, por el ‘imperialismo yanqui”.

Un elemental sentido de la realidad que vive el país muestra que es imposible que a candidato alguno se le hubiese ocurrido recurrir a los extremos vividos, como es destruir sedes político-partidistas del partido de gobierno o del que apoye la re-postulación presidencial o de cualquier otro, porque hacerlo sería auto-condenarse al repudio y rechazo de la población; serían condenados todos porque vulnerarían leyes sustantivas que no permiten en forma alguna la consumación de hechos que atenten contra la vida y seguridad de las personas y de sus posesiones o sedes de trabajo y funcionamiento que, en este caso, es partidario encargado seguramente de la campaña electoral.

Es preciso sentar precedentes y una vez identificados los autores intelectuales y materiales de los hechos, deben ser sancionados enérgicamente; pasar por alto los hechos y dejar que la inquina vengativa haga su parte, sería sembrar las condiciones precisas para promover el caos general en el país porque -no conviene olvidar- hay grupos preparados por intereses personales y subalternos para promover los peores extremos, al calor simple de cualquier acción de desorden que se produzca en cualquier sitio del país. Es importante, además, entender que todo el país está con Santa Cruz y su pueblo y todos, sin distinción alguna, hacen suyas las consecuencias y males sufridos.