Tres leyes favorecen al narcotráfico

El investigador Manuel Morales Álvarez, a través de su libro “Coca MAS cocaína: Economía de la droga, guerra falsa y pachamamismo”, revela que existen instituciones que durante los últimos años de manera muy especial trabajaron algunas políticas públicas, como la aprobación de tres leyes que favorecen al narcotráfico.

“En 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) saca tres leyes para modificar o abrogar la Ley 1008. Saca la Ley 906 donde incrementa la frontera agrícola de 12.000 a 22.000 hectáreas sin fundamento alguno, se legalizan 7.700 hectáreas para el Chapare, que en la Ley 1008 estaba en proceso de erradicación total porque se reconocía a la hoja por ser ancestral y milenaria. La Ley 913 se ocupa de los bienes incautados”, explicó.

Manifestó que con el nuevo Código del Sistema Penal (Ley 1005) se reemplaza todos los delitos de narcotráfico de la Ley 1008. “Hemos encontrado de manera muy sugestiva que se reduce en cinco años la pena máxima de delitos del narcotráfico, además de un abanico de otros delitos que eran de microtráficos. En el tema específico de narcotráfico se segmenta por gramos y kilos, por ejemplo, al que le encontraban con 100 gramos tenía una pena; la que traficaba 100 kilos otra, eso es una muy raro en la legislación boliviana”, explicó.

Por otro lado, dijo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) elaboró una sentencia donde señala que el arbusto de la hoja de coca es originaria y ancestral, en cualquier parte del país que se lo plante.

ERRADICACIÓN

Morales asegura que si bien el Gobierno lucha contra las drogas, porque hay incautaciones y operativos, no es significativo respecto al renacimiento del narcotráfico, sobre todo en el Chapare.

“Cada día se erradican 23 hectáreas de hoja de coca ilegal, pero en ese mismo día cultivan nuevas 59 hectáreas, por lo que la erradicación nunca alcanzará a los nuevos cultivos, con todos esos datos llegamos a la conclusión que en Bolivia ha nacido el ‘cartel Chapare’, como una nueva categoría”, dijo.

Para Morales Álvarez, el Gobierno fomenta la producción del Chapare, en una nueva élite de campesinos que ya no son agricultores sino una clase empoderada. En contraste, la administración de Evo Morales no solo ataca a la producción de Yungas sino que pretende tomar la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y por ello se explica la persecución a su dirigente Franclin Gutiérrez, quien guarda detención preventiva en el penal de San Pedro desde agosto de 2018.

En esa línea, aclaró que el Chapare se caracteriza porque del 93 % de lo que produjo en estos 12 años se desvía al narcotráfico.

“Solo el 7 % entra al mercado legal y se está exportando a Brasil vía Paraguay, Argentina y de ahí se está exportando a Europa. En Brasil ya no se consume cocaína sino ‘crack’, y este ha significado la penetración de la cocaína a las favelas brasileras. La cocaína ya llega a los pobres”, precisó.

El estudio de Morales Álvarez se basa en 12 informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés) y otras investigaciones particulares.

GOBIERNO

Después de la presentación del informe de la Unodc, el 22 de agosto de 2019, donde se reportó un decremento de cultivos de hoja de coca, el presidente del Estado, Evo Morales, admitió que parte de la producción de coca en los Yungas y el Chapare se desvía a actividades ilegales, los mismos que tienen que ver con el tráfico de drogas.

“Sea de los Yungas o del Trópico, una parte de la coca se va a un problema ilegal (el narcotráfico), no quisiéramos”, manifestó.

Morales informó que se realizan controles a Bolivia con respecto a la producción de la hoja.

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, luego de conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en agosto pasado, enviara un memorándum al secretario de Estado, Mike Pompeo, en el que menciona a los 22 países de tránsito. Además, el documento reprueba a Bolivia y Venezuela por la inacción de sus gobiernos y por haber incumplido de manera “demostrable” sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas, dijo que no es sorpresa que ese país coloque a Bolivia en la lista negra del narcotráfico.

Romero aseguró que la estrategia del Gobierno boliviano prioriza las acciones contra organizaciones criminales en lugar de los agricultores de coca. Destacó que hasta el momento se descabezaron más de diez cabecillas de narcotráfico.

“Cuando nos dicen que ustedes están persiguiendo organizaciones criminales y no campesinos, obviamente es un enfoque político e ideológico, que responde a una filosofía y a una visión de la vida”, refirió.