Al retener carga en Puerto de Arica
> La CNC señala que respeta la institucionalidad, las normas y, ante todo, los intereses de Bolivia, y por ello trata de coordinar mecanismos de solución a través de sus representantes, tanto en el puerto como en el ámbito diplomático, y por ello solicita a la Cancillería realizar gestiones necesarias para asegurar que los operadores de comercio exterior no asuman ningún costo adicional por sobreestadía
Ante la situación delicada en el puerto de Arica por las acciones asumidas por la Terminal Puerto de Arica, concesionaria chilena, que afecta a la carga y transportistas bolivianos, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), mediante un comunicado, señala que las mismas vulneran el Tratado de 1904, que en su artículo 6 garantiza el amplio y libre tránsito y califica de ineficientes las medidas asumidas por la ASP-B.
“Entendemos que el espíritu de creación de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) era el de velar por el cumplimiento del Tratado de 1904 como entidad pública descentralizada sin fines de lucro. Lamentablemente, la reciente transformación de ASP-B en empresa pública estratégica ha empujado a esta entidad a enfocarse en la recaudación de recursos económicos que garanticen la sostenibilidad de las operaciones, a pesar de que esta decisión se traduce en la generación de sobrecostos a los operadores de comercio exterior de Bolivia. Esta situación ha sido señalada de manera reiterada por la CNC-Bolivia”, señala la institución en su comunicado.
La CNC indica la urgencia de urgencia de llegar a un acuerdo que frene los perjuicios que sus asociados, y las empresas bolivianas en general, están enfrentando actualmente. Asimismo, solicitaron a la Cancillería impulsar soluciones efectivas e inmediatas al problema, dado que resulta evidente la incapacidad de ASP-B para encontrar soluciones que permitan resolver el conflicto, conforme dispone el inciso j) del Artículo 10 del Decreto Supremo No. 2406.
PROBLEMA
Como se recordará el problema surgió a raíz de la aplicación del alza de tarifas por parte de la Terminal Portuaria de Arica (TPA), que aplicó a partir del 5 de agosto, así como el reclamo por parte del concesionario chileno de una deuda de unos años atrás, ante cuya decisión la ASP-B rechazó la misma.
Ante esa posición, la TPA ofreció un descuento del 30 % de aceptar las nuevas tarifas, y en la última reunión elevó a 38 %.
La ASP-B en reiteradas oportunidades indicó que no puede acceder a esta petición debido a que el diálogo debe ser a nivel de Estados, y en todo caso la Empresa Portuaria de Arica (EPA) debería analizar el tema.
A raíz de rechazar el pago ASP-B, la TPA determinó la retención de la carga boliviana y paralizar las operaciones en el puerto para el comercio de Bolivia, situación que deja a más de 600 camiones varados en la terminal, que afecta a los importadores.
“Instamos a las entidades público - privadas relacionadas a la operativa del Puerto de Arica, para que dejen suspendidas cualquier medida que entorpezca el correcto flujo de la carga boliviana en tránsito de y hacia Bolivia, hasta que se arribe a un acuerdo definitivo con el Estado Boliviano”, señala el comunicado.
PROPUESTA
Ratificamos la propuesta presentada días atrás por la Cámara Nacional de Comercio (CNC - Bolivia) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), para que en el marco de la normativa legal vigente, la ASP-B retome sus funciones de representación de los intereses del país en el Puerto de Arica como garante del Tratado de 1904, dejando en manos de una Asociación Público Privada (APP) la administración de la carga boliviana, bajo criterios de eficiencia y competitividad.
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