Desde siempre y en todos los países libres del mundo, las encuestas han sido legales, inviolables y consideradas como parte del derecho de libre expresión o comunicación del pueblo. Últimamente, en nuestro país, el Tribunal Supremo Electoral ante encuestas levantadas por medios privados ha prohibido su difusión, sin explicar mayormente las razones para medida tan arbitraria, puesto que la Constitución Política del Estado al respetar la libertad de prensa y expresión indica claramente en el Art. 106: “El Estado garantiza a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Tanto la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan la censura previa; por su parte la Iglesia Católica coincide con lo dicho por ambas entidades de prensa y el arzobispo de Sucre y Presidente del Directorio de la Fundación Jubileo, ha dicho: “Yo creo que es un acto que atenta contra la Constitución Política del Estado, es un hecho más donde se está violando la Constitución”.
El comunicado conjunto de la ANP y la APLP indica: “La ANP y la APLP rechazan la censura previa ejecutada por el Órgano Electoral a una encuesta de intención de voto realizada por ‘Tu voto cuenta’ con lo cual han sido vulnerados los derechos humanos y fundamentalmente la libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía consagrados en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país”.
Toda encuesta, por principio, lo que pretende es mostrar las preferencias públicas sobre cualquier cuestión o hecho determinado de la vida nacional y, el campo político - sobre todo en las actuales circunstancias pre-electorales- tiene prioritaria importancia porque una encuesta dirigida al público cumple con usar el derecho de libre expresión y mostrar al pueblo, propietario de los derechos inalienables, el panorama que se presenta con miras al proceso electoral. Por supuesto, nadie ignora que una encuesta como la señalada no refleja el criterio o pensamiento de todos los votantes; es, en todo caso, un muestreo de lo que un grupo determinado de personas cree y considera factible, de los que responden a la encuesta levantada.
Este procedimiento no vulnera disposición legal alguna, menos va en contra de algún candidato; al contrario, señala simplemente las perspectivas que existen según determinado grupo de personas encuestadas. Pretender que haya censura previa es ilegal y abusivo; por otra parte, es atentatorio contra el derecho de libertad de expresión que tiene la colectividad y mucho más los ciudadanos que vayan a votar y también aquellos que hagan suyo el derecho de votar en blanco o anular su voto. El Tribunal Supremo Electoral debería atenerse al texto constitucional.
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