Transporte Pesado determina cerrar frontera con Chile

Ante los problemas originados por los administradores de la Terminal Puerto de Arica (TPA), el presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz en Bolivia (Cadetrans), Álvaro Ayllón, informó que se determinó cerrar las fronteras con Chile, como medida de protesta ante el "secuestro" de la mercadería boliviana por parte de la concesionaria privada de Chile, y anunció analizar la posibilidad de "evacuar" esa terminal marítima, es decir "abandonar" la carga en el lugar.

Las pérdidas por la medida asumida por la TPA, habría alcanzado un millón de dólares, por la retención de más de 800 camiones, que se encuentran varados desde hace 10 días.

Remarcó que la posición de la estatal Empresa del Puerto de Arica (EPA), que concesionó a la TPA la administración de esa terminal marítima, vulnera flagrantemente el Tratado de 1904, por lo que pidió a las autoridades bolivianas acudir a organismos internacionales para denunciar esa violación.

Esa así que el Congreso extraordinario departamental del Transporte Pesado de La Paz determinó cerrar las fronteras con Chile por el conflicto en el Puerto de Arica. A esta decisión se suman otras seis organizaciones.

ACCIONES LEGALES

Mientras tanto, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba y la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, solicitaron al Gobierno nacional viabilice las operaciones bolivianas en el Puerto de Arica, mientras se resuelva la controversia desatada hace 12 días en dicha terminal, que afecta operaciones comerciales nacionales.

Asimismo, se anunciaron acciones legales por incumplimiento de deberes contra las autoridades de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), y pidieron la renuncia del gerente, David Sánchez.

El presidente de la FEPC, Javier Bellott, precisó que el sector realizó las representaciones correspondientes ante la ASP-B para resolver el conflicto en el Puerto de Arica, y la respuesta de la entidad estatal fue que había un proceso de negociación y controversias.

“Nosotros consideramos que si hay controversias, no pueden afectar las operaciones, no pueden afectar al libre tránsito y al flujo de carga que en este momento está generando serios problemas a los importadores, a los transportistas y a los industriales”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el conflicto generará multas y sanciones económicas cuantiosas para los sectores afectados en concepto incumplimiento de plazos de entregas, entre otros.

Por otra parte, explicó que el valor del flujo de carga del Puerto de Arica a 2018, en promedio asciende a los 17 millones de dólares diarios, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Por lo tanto, nosotros le solicitamos al personal de la ASP-B y al Gobierno Boliviano, a través de la Cancillería, mientras se resuelva la controversia, se tiene que viabilizar las operaciones. No se pueden impedir las operaciones”, agregó Bellott.

“Hay muchos funcionarios públicos que han olvidado que tienen responsabilidades administrativas y penales cuando hay incumplimiento de deberes. En este caso hay claramente un incumplimiento de deberes porque este no es un tema nuevo, es un tema que hace un año se anunció.

En este sentido, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Rubén Alvarado, anunció oficialmente que el día lunes presentaran un proceso de responsabilidad de todas las contravenciones, daños y perjuicios que pudo haber hasta la fecha.

“También adjuntaremos un proceso y solicitud de destitución inmediata contra el gerente ejecutivo de la ASP-B, David Sánchez”, detalló Alvarado.

Mientras tanto, el gerente general de la estatal Empresa Puerto Arica (EPA), Rodrigo Pinto, solicitó ayer al directorio de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASPB), reunirse en la ciudad de Arica (Chile), para encontrar una solución al problema tarifario por los servicios a la carga boliviana, que ya lleva dos semanas sin solución.