Parque automotor saturado e incidencias

Desde enero a julio del presente año, la venta de vehículos motorizados y de combustibles facturó un total de 767 millones de dólares, representando un incremento del 14% en comparación con el 2018, que registró 670 millones de dólares, según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas. A primera vista, parecería un signo de promoción económica del país, con cierta incidencia social de prosperidad.

No es un misterio ni mucho menos que una fuente importante del movimiento económico procede de las actividades ilícitas del contrabando, narcotráfico, la internación y fabricación de fármacos falsificados y otros, en su permanente afán de blanquear esos recursos a través de compras de diversos bienes, como vehículos, y departamentos e inmuebles (que se mantienen desocupados en muchos casos).

No está considerado el ingreso de vehículos de contrabando de automóviles de diverso tipo, ni su registro oficial. Se calcula que en cuanto a La Paz, serían de 50 a 100 motorizados por día y en El Alto un guarismo parecido. La misma fuente del Ministerio de Economía pondera que el consumo de gasolina, diésel y gas natural (GNV) representa 50 millones de dólares en los primeros siete meses del año, con un crecimiento del 19% en relación con la gestión precedente. Sin embargo el crecimiento del número de automóviles a nivel nacional, paralelamente significa un mayor gasto del Estado por la importación de combustibles, acompañado de drenaje de divisas cada vez más escasas.

Este crecimiento descontrolado de motorizados viene saturando el centro de las ciudades del país y, en especial, de La Paz, conflictuando el desenvolvimiento de las actividades e insumiendo mayor tiempo en los recorridos. Hace pocos años, los vehículos avanzaban en 10 a 15 minutos desde la avenida Montes al final del Prado, ahora ese trayecto requiere hasta media hora, demandando pérdida de tiempo, considerable quema de combustible y contaminación.

Protagonista de este complejo es en gran parte la proliferación de minibuses, agravada por la incorporación de este medio de transporte al tránsito paceño desde El Alto y Viacha. Las autoridades del ramo, en diferentes niveles, deberían abordar el tema automotor, tanto por la importación desmedida de vehículos, como por la autorización de minibuses de servicio público. Pareciera que dicha autorización no dependiera de autoridad alguna, sino de los sindicatos de transportistas.