Un mil doscientos camiones de carga pesada paralizados durante dos semanas; alrededor de 15.000 toneladas de mercaderías de todo tipo sin poder moverse; más de dos mil choferes y ayudantes en el abandono; cien mil dólares de pérdida por semana para la economía de Bolivia; desabastecimiento de productos industriales, textiles y alimentos importados para la población boliviana y otros muchos problemas son el efecto de una unilateral decisión de alza de tarifas para carga de artículos bolivianos que pasan por el puerto de Arica, dictada por una entidad chilena de dicha localidad.
La causa específica para ese problema, el alza de tarifas en aproximadamente 200 por ciento ha ocasionado la inmovilidad de carga boliviana de importación y exportación en ese puerto y, por tanto, un bloqueo económico a Bolivia, el mismo que resulta ser una ampliación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, destinada a evitar un diálogo para resolver el enclaustramiento de Bolivia, establecido por el Tratado de 1904.
Para reducir los efectos de esa anormal situación fueron iniciadas algunas negociaciones, las que, pese a la voluntad y demanda de aplicación de justicia hechas por la parte boliviana, no pudieron progresar y terminaron en un callejón sin salida, debido a la poca voluntad de la parte chilena para llegar a un acuerdo definitivo y que detenga de inmediato los enormes daños que está produciendo el bloqueo al transporte de la carga boliviana.
El perjuicio producido a nuestro país es, a la vez, resultado del desconocimiento del principio de libre tránsito de productos bolivianos por Arica, establecido en el Tratado de 1904, así como de una decisión chilena al margen de conversaciones con las autoridades y los interesados en la cuestión.
En forma específica, dos problemas inmediatos han ocasionado la arbitraria alza de las tarifas por gastos portuarios en Arica: en primer lugar, la carencia de mercaderías diversas y el alza de precios en todos los mercados de consumo, o sea un agravamiento del proceso inflacionario que se registra en Bolivia en algunos centros de consumo. Un segundo aspecto es que el PIB nacional boliviano también sufrirá los efectos de la paralización del transporte, pues miles de toneladas de mercaderías, algunas de ellas de imprescindible utilización en la industria, como ser partes de maquinaria, se encuentran almacenadas sin poder ser trasladadas a su destino.
En forma más concreta, esa medida de subir las tarifas en Arica origina la subida del costo de vida de la población boliviana, en primer lugar porque produce escasez y el alza de precios de los productos transportados, debido al incremento de las tarifas, alzas que son cargadas por los importadores y transportistas a las espaldas de los consumidores, para equilibrar sus costos de transporte, fenómeno que, por lo demás, se produce periódicamente en los puertos chilenos y cuyo destino final es producir la pauperización del pueblo boliviano.
Finalmente, se puede observar que el gobierno chileno hace la vista gorda ante la cuestión, cuando debía intervenir en el asunto sin tardanza; pero, al mismo tiempo, se encuentra la lenidad de la Cancillería de La Paz que no mide las consecuencias del bloqueo a que Chile ha sometido a Bolivia y puede considerarse como una verdadera conspiración.
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