Rafael Veloz denuncia colapso y corrupción en sistema judicial

Rafael Veloz, integrante de la Subcomisión de Justicia de la Asamblea Nacional, denunció ayer el colapso y la corrupción del sistema de justicia nacional.

“Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project por la corrupción. Más de 70% de los jueces no son de carrera sino que son puestos directamente a dedo y 40% tienen una vinculación o una simpatía con el partido de poder”, indicó.

El parlamentario explicó que estos jueces son ubicados por el régimen en las áreas de competencia contencioso administrativo, “porque ahí van todos los juicios contra el Estado”, y de competencia penal.

Afirmó que uno de los primeros pasos a ejecutarse para reinstitucionalizar el país, es la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados en diciembre de 2015 por la AN presidida por Diosdado Cabello; la revisión de todo el poder judicial y de los jueces en todas las instancias.

“Con la designación exprés se profundizó la crisis del sistema judicial. El régimen actúa en primer lugar en la administración de justicia porque es lugar de antídoto, donde se inmuniza la democracia”, alegó.

Durante una reunión de la Subcomisión de Justicia, en la que participaron representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial y de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, Veloz aseguró que la crítica situación de los servicios públicos en el país han impactado en el sistema judicial.

“Tenemos un sistema de justicia que no funciona a cabalidad. Ayer comenzó un programa para la fe de vida de los jueces jubilados, no había sistema y el proceso lo estaban realizando a mano. El Palacio de Justicia del estado Bolívar no funciona porque no hay agua, porque no hay los servicios públicos básicos”, mencionó.

A su juicio, todo el colapso de servicios públicos “va a tener un cese, que será posible cuando nos pongamos absolutamente de acuerdo y sumemos las capacidades para poder provocar, en conjunto con el Parlamento y el presidente Juan Guaidó, el cese de la usurpación”. (El Nacional)