El feminicidio no es solo un delito, es un problema social desatendido

La Fiscalía General del Estado dio conocer datos y cifras que preocupan por el aumento de casos de feminicidio, que es un delito, pero también es una problemática social desatendida, no solo por las instancias públicas, sino desde la propia familia.

El feminicidio merece mucha atención por los hechos y circunstancias que implica. Es una figura delictiva que se encuentra en la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que es considerada como la acción de extrema violencia que vulnera el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. Se tipifica el feminicidio en el Artículo 252, siendo sancionado quien mate a una mujer con la pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto. Se considera varias circunstancias, entre ellas la que más se ajusta al tipo penal, por su frecuencia, es que el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligado a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia.

Pero no es suficiente establecer, antes de concluir la gestión, más de 90 hechos de feminicidio registrados en todo el país, de los cuales los departamentos de mayor atención son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y es que en las instancias de investigación han sido registradas 494 denuncias de feminicidio, en grado de tentativa, de las cuales 164 fueron rechazadas y 23 desestimadas. Tal cantidad de denuncias muestra el grado de violencia con la que viven algunas familias que terminan desintegradas.

Es por eso que las instituciones llamadas por ley deben desarrollar e implementar con mayor regularidad medidas de prevención estructural, individual y colectiva, destinadas a modificar comportamientos, actitudes que naturalizan y reproducen la violencia en el interior de la familia. Dichas medidas tendrán que ser desarrolladas a través de la sensibilización y educación en la escuela, en niveles académicos, en el trabajo, en los centros de atención médicos, en comunidades indígenas y campesinas. Son necesarias medidas de prevención individual a fin de que la mujer desarrolle habilidades para identificar y enfrentar manifestaciones de violencia o agresión hacia mujeres, hombres y menores; y medidas de prevención colectiva que prevengan la naturalización de la violencia en sociedad.

Una responsabilidad que involucra a todos es contribuir a difundir el contenido y alcance de la mencionada norma, que establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación para las mujeres en situación de violencia; así como la persecución y sanción a los agresores, para garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello es imprescindible reducir la violencia contra la mujer en todas sus formas y, específicamente, reducir los casos de feminicidio a fin de brindar mejor calidad de vida a las mujeres, aspecto que también repercutirá positivamente en la familia y en la sociedad.