CNC y CNI reiteran posición del manejo operativo en Arica

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industria (CNI) ratifican su propuesta sobre el manejo técnico operativo del Puerto de Arica y mantener a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) para el cumplimiento del Tratado de 1904 y las normas vigentes, señala un comunicado empresarial.

“Deseamos ratificar al Gobierno Nacional, nuestra plena disposición a trabajar en una “Alianza Público Privada – APP”, para que el manejo técnico operativo del Puerto de Arica sea coordinado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), manteniendo a la ASP – B como entidad facultada a velar por el correcto cumplimiento del Tratado de 1904 y normas vigentes”, apunta el comunicado.

En el documento sostiene que ante el evidente problema estructural de la ASP-B en el Puerto de Arica, recuerdan al Gobierno que ponen de manifiesto la defensa de los intereses del sector empresarial formal al que representan las Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y ante la compleja situación que afecta a los operadores de comercio exterior del país.

La posición manejar la parte operativa del Puerto de Arica, lo reitera en el comunicado luego de argumentar y señalar los problemas que se suscitaron en dicha terminal a raíz de los problemas estructurales de la entidad estatal.

“Hemos tomado conocimiento que la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP – B) habría arribado, el día martes primero de octubre del presente, a un acuerdo favorable con la Empresa Portuaria Arica (EPA) referente a la problemática suscitada sobre el tema tarifario entre ambas instituciones; sin embargo no tenemos conocimiento de los detalles y características del citado acuerdo, aspecto necesario para ponerlo en conocimiento de las empresas asociadas a nuestras organizaciones empresariales”, apunta.

Si bien destacan la reanudación de los despachos de carga, sostienen que la ASP-B debe generar las condiciones de sostenibilidad necesaria, que garantice al empresariado nacional el correcto flujo de la mercadería de importación a futuro, para evitar pérdidas similares a las que se registraron en los pasados 15 días.

“Deseamos dejar establecido, que el problema que se ha suscitado en días pasados, ha dejado en evidencia los problemas estructurales por los que atraviesa la ASP – B y que están influyendo negativamente en el comercio exterior boliviano, restándole competitividad y frenando la dinámica económica del país”, puntualizan.

Si bien el espíritu de creación de la ASP – B en diciembre de 1996, como entidad pública descentralizada sin fines de lucro, era el de ejercer la potestad suscrita en el Tratado de 1904, que establece contar con un agente aduanero oficial acreditado en los Puertos de Arica y Antofagasta, que ejerza la facultad de representar al Estado Boliviano en la función de controlar y fiscalizar, para que las operaciones de comercio exterior se ajusten a las normas vigentes, con la modificación de la norma se ha desvirtuado.

“…a partir de la modificación de la naturaleza jurídica de la ASP – B, dispuesta en junio de 2015, se ha desvirtuado por completo la razón de ser de esa institución, puesto que establece que la ASP – B tiene como giro comercial la prestación de servicios portuarios y de plataformas logísticas a las exportaciones e importaciones, función que no ha estado desempeñando por lo contrario ha demostrado una deficiente gestión técnico operativa, ya que desde la concesión de puerto no se hizo gestión alguna para recuperar el porteo de las cargas bolivianas que son soberanas, ni se pudo negociar la mejora de las tarifas a pesar del incremento sustancial del flujo de carga por el Puerto de Arica”, señala la nota.

Es por ello que reiteran su propuesta ambas cámaras, que la semana pasada deberían haber sostenido reuniones con autoridades de gobierno para tratar el tema, sin embargo, los problemas en Arica llamaron la atención de entidades públicas como privadas por la afectación que provocó la decisión de la administración de la Terminal Portuaria de Arica, de elevar unilateral de tarifas y retener la carga boliviana.