Libre tránsito de mercadería boliviana

El origen de la retención de la carga boliviana en el puerto de Arica es el incremento de la tarifa portuaria en aproximadamente 200%, impuesto por la concesionaria privada Terminal Portuaria de Arica (TPA) desde el 5 de agosto pasado. Esta medida ha dejado varados más de 1200 camiones del trasporte pasado en espera del arreglo de este nuevo problema que traba el comercio nacional. Después de 15 días se declaró un cuarto intermedio en las negociaciones y se pudo despachar la carga boliviana en Arica.

La TPA había propuesto un descuento del 10% sobre la nueva tarifa para la carga boliviana y luego de algunas reuniones con la Administración de Servicio Portuarios (ASP-B) señaló una rebaja de 38%. Además la portuaria chilena reclama a la ASP-B el pago de supuestos adeudos por gestiones pasadas, que la nombrada rechaza. Lo anterior indica que la Administradora nacional ingresó en algún tipo de negociación con la TPA, sin haber derivado de principio el caso a la Cancillería, si se considera que se trata actos que vulneran el libre tránsito de mercadería boliviana por puertos chilenos, según solemne cláusula del Tratado de 1904.

El artículo VI de ese instrumento bilateral estipula: “La República de Chile reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. A lo anterior se añade la Convención de Tráfico Comercial entre Chile y Bolivia de 6 de agosto de 1912, garantizando, el primero, el libre tránsito de mercadería tanto “de las mercaderías extranjeras que se desembarquen con destino a Bolivia, o que, procedentes de este país se embarquen para el extranjero…” y tantas otras convenciones ratificatorias de las anteriores.

La concesionaria chilena aplica al comercio boliviano las mismas condiciones que a un privado, prescindiendo de los tratados chileno-bolivianos, lo cual es a todas luces incorrecto, por cuanto Bolivia está amparada por un tratamiento especial, según los tratados de libre tránsito vigentes. Claramente ante estos problemas recurrentes el Gobierno de la Moneda se desentiende de sus obligaciones jurídicas pactadas, y hasta impone a Bolivia nuevas sanciones mediante una serie de restricciones portuarias, sea por vía directa o indirecta, como ocurre al presente.

Si lo ha hecho antes del fallo de la CIJ de La Haya de octubre de 2018, ahora parece hacerlo con mayor rigor, supuestamente privilegiado por el resultado negativo a la demanda boliviana. Si su estrategia en ese escenario internacional giró en torno a la inamovilidad del Tratado de 1904 -pese a que nuestro país no basó en éste sus peticiones-, es natural que no solo asuma lo que le beneficia, sino que también cumpla las partes que lo obligan.

Concordante con el texto anterior, el gerente de la ASP-B dice bien que la solución del problema en cuestión es competencia de altos niveles de los Estados de Bolivia y Chile y no de intermediarios, por cuanto se vulneraría el Tratado de Paz de 1904. No obstante, su gerencia defirió la delegación de tan urgente tema a la Cancillería como correspondía y corresponde.