El Art. 387.l de la Constitución Política del Estado expresa que “El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques forestales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas”. Lamentablemente, el servidor Morales NO CUMPLE el mandato constitucional. Entre 2013 y 2015 fueron aprobadas tres leyes inconstitucionales (337/13, 502/14 y 739/15) que establecieron perdonazos para la deforestación ilegal y ampliaciones de plazos para subsanar el delito.
En 2015 se aprobó la Ley 740 que permite ampliar de 2 a 4 años la verificación de la Función Económica Social de la tierra. En septiembre de ese año se promulgó la Ley 741 que autoriza los desmontes libres de hasta 20 hectáreas (que antes no debían sobrepasar las 5 hectáreas) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y en asentamientos legales. Finalmente, el 9 de julio pasado se aprobó el DS 3.973 de ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni, en tierras de vocación forestal, generando el incendio que devoró más de 5 millones de Ha., de las cuales 3.2 millones están en Santa Cruz, según datos de la FAN.
En el encuentro “Alianza por la Amazonia” en Nueva York, en la inauguración el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, abogó por la protección de los bosques. “Debemos proteger a nuestros bosques antes que el fuego incendie nuestro futuro”, manifestó. Morales, hoy candidato inconstitucional e ilegal para las elecciones del 20 de octubre, mintió al expresar: 1) “Nuestra respuesta al fuego ha sido rápida y efectiva”, que el causante fue el cambio climático y el capitalismo. Pero MINTIÓ, porque la respuesta fue después de 15 días, cuando el incendio ya arrasó 500 mil Ha.
2) Dijo también que “solo liberándonos del lujo, el lucro, el consumismo, podremos salvar nuestro planeta tierra”. Se olvida que vive con el lujo de un sultán, con su helipuerto, que gasta 2.500 dólares diarios por viaje a El Alto y a las provincias, usurpando la función de los Alcaldes, solo para hacerse proclamar como el mesías que salvará Bolivia. Hace gastos millonarios en aviones de lujo privados o la Casa Grande del Pueblo. Morales con su política de biocombustibles y expansión de la frontera agrícola para la producción de carne que está enviando a China y soya transgénica, es parte del capitalismo depredador.
3) Manifestó que “El país le está ganando la batalla al incendio”. MINTIÓ, porque pasan dos meses y el incendio ganó la batalla, ya fueron quemados 5 millones de Ha. y Morales no quiere declarar Desastre Nacional y 10 viviendas fueron dañadas en el municipio de San Matías, donde se logró trasladar a las familias afectadas por los incendios. Se está combatiendo el fuego también con maquinaria pesada en los municipios de San Ignacio, San Matías y Roboré. Se fomenta asentamientos de gente del interior y se hace nuevas titulaciones en tierras fiscales por el INRA, que viola el Art. 43 de Ley 1.715, que establece que “la dotación será preferente a favor de quienes residan en el lugar.
4) Dijo que “Bolivia se compromete a la no mercantilización de los bosques”. MINTIÓ porque NO protege el Medio Ambiente, ya han muerto 2 millones de ejemplares de fauna y flora y además los indígenas están más desprotegidos, sus normas que autorizan quemas y desmontes son la principal causante del incendio en la Chiquitania, que es parte de la Amazonia, para ampliar la frontera agrícola y exportar carne, sembrando soya transgénica para el biodiesel.
Estas mentiras expresadas por Morales en la ONU, sobre la protección de los bosques en Bolivia, fueron conocidas por la Asamblea, ya que llegaron bomberos franceses que hicieron conocer la realidad de Bolivia. Por estas mentiras y el ecocidio en desmedro de la vida, el agua y la salud, se debe derogar la Ley 741, abrogar el DS 3.973 e iniciar el Juicio de Responsabilidades por la Chiquitania a Evo Morales, por incumplimiento de deberes y Resoluciones contrarias a la Constitución.
La autora es Abogada y ex Asambleísta Constituyente.
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