Relatoría de la CIDH desconocía magnitud de incendios en Chiquitania

La relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desconocía la grave magnitud de los incendios en la Chiquitania en Santa Cruz, porque en el exterior todavía se cree en el discurso “pachamamista” del presidente Evo Morales, sostiene la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

Daniel Espinoza, responsable de Defensa y Monitoreo de Derechos Humanos en Unitas, informó que en la reunión bilateral con la Relatoría se presentó toda la información respecto a la deforestación e incendios forestales en Bolivia y derechos humanos y de los pueblos indígenas, reportó ANF.

“(La Relatoría) se enfocó en un aspecto importante, es que no se tomó en cuenta en la CIDH, las audiencias públicas solo había de oficio sobre daños a la Amazonia en Brasil, todo enfocado en Brasil. Y en Bolivia no se nota tanto, porque hay un discurso del presidente (Morales) sobre los derechos del medioambiente, todos creen que nos va muy bien”, sostuvo Espinoza.

La presentación del informe y la reunión con la Relatoría fue solicitada por aproximadamente 14 instituciones, entre organizaciones de la sociedad civil e indígenas bolivianos.

El informe principalmente consta de cuatro puntos, que reflejan la situación que se generó a partir de la deforestación de quema controlada en el oriente boliviano desde julio pasado.

El primero: desmiente el argumento de autoridades del Gobierno central, quienes afirman que los incendios incrementaron debido al cambio climático. La tendencia al incremento de quemas forestales de los últimos años refiere que estos desastres también son provocados por los chaqueos en la zona.

Segundo; el documento muestra que a solicitud de sectores empresariales del oriente se busca ampliar la frontera agrícola con el fin de potenciar la seguridad alimentaria, la producción de etanol y biodiesel y la exportación de carne de res.

Tercero: el Gobierno nacional emitió diferentes normativas como el Decreto Supremo 3973 y la Ley 741 que autorizan la quema controlada, además se eximió a las personas que estaban sancionadas por el delito de quema ilegal y las sanciones por hectárea quemada son mínimas. Esto hace que no exista una limitación real a la quema controlada.

Cuarto, hace referencia a que se ha vulnerado, esencialmente, el derecho al medioambiente y a las obligaciones incumplidas por parte del Estado, se las señala al no controlar de manera eficiente las quemas forestales.

Espinoza detalló que con este informe se espera que “la Relatoría considere las vulneraciones que se están observando en Bolivia y que se pronuncie al respecto. También que solicite los informes respectivos al Estado para que hagan su descargo de qué es lo que está pasando en el país”.

Los incendios en el departamento de Santa Cruz comenzaron los primeros días de agosto en el municipio de Roboré y se extendieron a otras zonas. La Gobernación informó que hasta la fecha se quemaron 3,7 millones de hectáreas, de las cuales 1,7 millones estén en áreas protegidas.