Caso Franclin Gutiérrez
> Según abogado, efectivizar la inspección ocular permitirá desvirtuar dos riesgos procesales que mantienen detenido al líder cocalero
Por quinta vez, la Fiscalía suspendió ayer la Inspección Técnica Ocular (ITO), que se realizaría en el municipio de La Asunta por el caso de la muerte del teniente Daynor Sandoval, por la que el máximo dirigente cocalero Franclin Gutiérrez está detenido preventivamente.
Esta vez fue por falta del cuaderno de investigación y la audiencia del coimputado Sergio Pampa, fijada para las 9.00 horas, aunque estuvo presente uno de los fiscales de la comisión, informó Jorge Santistevan, abogado del líder cocalero Franclin Gutiérrez.
Al conocerse que se habían programado dos audiencias para el mismo día, por el mismo caso y en distintos lugares, EL DIARIO consultó al Ministerio Público si existía la posibilidad de una suspensión, tomando en cuenta que uno de los imputados estaría prestando sus declaraciones. La respuesta del fiscal Alexis Vilela, al final de la tarde del miércoles, a través de la Unidad de Comunicación, fue que al existir una comisión de fiscales no habría motivo para ello.
En criterio del abogado Omar Durán, lo que pretende el Ministerio Público al suspender la ITO, minutos antes de la hora fijada, es desgastar económicamente y moralmente a Franclin Gutiérrez.
“El Ministerio Público tiene un manejo pésimo, pienso que se suspenden estas audiencias por desgastarlo a Franclin Gutiérrez económicamente y desgastar a la defensa porque ya ni recuerdo cuántas veces fueron hasta La Asunta, gastando en vehículos, viáticos y también llevando testigos clave. Es algo atroz, fuera de lugar”, refirió.
Según datos que obtuvo EL DIARIO llegar hasta el Puente San Antonio, donde se debe realizar la ITO, supone un viaje de al menos diez horas, el costo únicamente de los pasajes es de Bs 120 aproximadamente, a ello se debe sumar los costos de estadía, vale decir alojamiento, refrigerios, entre otros, además de los honorarios de la defensa legal de Franclin Gutiérrez y los otros coimputados.
LIBERTAD
El abogado Eusebio Vera, parte de la defensa del Franclin Gutiérrez, manifestó que el Ministerio Público evita la ITO porque al hacerla efectiva se desvirtuarían dos riesgos procesales, los únicos que restan para que su defendido salga en libertad.
El abogado del Ministerio de Gobierno, Antonio Saavedra, explicó que aún no hay nueva fecha para la ITO.
“Se ha suspendido la inspección ocular (...) sin fecha, pero esta vez es atribuible netamente al Órgano Judicial, puesto que ha habido un cruce de horarios en los señalamientos”, aseveró.
SUSPENSIONES
La primera ITO programada fue para el 8 de marzo de 2019, misma que se suspendió porque no se cumplió con las formalidades previas, es decir, las notificaciones a todas las partes involucradas. “Las notificaciones son atribuibles al Ministerio Público, en este caso, a su brazo operador que es la Policía”, explicó.
La segunda audiencia fue fijada para el 5 de agosto, se suspendió porque atribuyeron que no había garantías en el lugar de los hechos. “Nosotros llegamos al lugar de los hechos sin el mayor de los problemas, a pesar de que era un día festivo, no había ninguna actitud belicosa, indisciplinaría y no hemos visto ninguna de las situaciones que arguyó al momento de suspender el Ministerio Público”, aseveró Vera.
La tercera ITO fue programada para el 14 de agosto, se arguyó las mismas causales, “falta de garantías”.
La cuarta ITO fue programada para el 6 de septiembre, misma que se suspendió porque no se logró diligenciar una orden de conducción del coimputado Wilmer Silva Machaca, quien está recluido en Chonchocoro.
La quinta ITO estuvo programada para el 3 de octubre, misma que se suspendió por falta del cuaderno de investigaciones y la audiencia del coimputado Sergio Pampa.
DATOS
El 27 de agosto de 2018, Franclin Gutiérrez, se entregó a la Policía en el marco de las investigaciones de una presunta emboscada en los Yungas de La Paz, donde murió un efectivo y otros seis resultaron heridos. A la fecha continúa con detención preventiva, sin una sola prueba contundente en su contra, tal como lo aseguró el fiscal departamental de La Paz William Alave, el 15 de julio de 2019.
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