Incendio de Chiquitania, crimen de guerra

Los enormes incendios de bosques y pastizales en el país, principalmente en la Chiquitania, donde ardieron inmensos campos de unos 50 mil kilómetros cuadrados durante dos meses, han dejado tierras devastadas, cubiertas de cenizas. La tragedia ha causado indignación pública y, al mismo tiempo, la reacción de los defensores del medio ambiente que demandan acciones legales contra los autores e inclusive acudir a tribunales de La Haya.

Disminuidos considerablemente los incendios gracias a lluvias providenciales, los organismos defensores de la naturaleza demandan el enjuiciamiento de los autores y responsables de la depredación, causada, en alta proporción, en forma deliberada y generalizada por mecanismos estatales y por tratarse, en el amplio sentido del concepto, de un delito de lesa humanidad. En ese sentido se sugiere que el caso sea llevado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de tal forma que no quede en la impunidad.

Esa proposición constituye una imperiosa necesidad nacional en vista de la magnitud del incendio, el cual, sin embargo, se está tratando de relegarlo al olvido y negarle gravedad para permitir, de esa manera, dejar que los autores y cómplices de la tragedia queden inmunes e impunes.

La demanda de enjuiciamiento a los culpables del drama debe tener como objetivo fundamental encontrar las causas y la lenidad de las autoridades relacionadas con los chaqueos, investigar a fondo el origen y alcances de los daños, más que castigar a quienes puedan ser inculpados del delito, procedimiento que determinaría aquello, de manera que el fuego no se repita. Por tanto, investigar el origen del delito es más importante que castigar a quienes fuesen encontrados con el cargo de “ecocidas”.

Lo ocurrido en la Chiquitania fue, en realidad, un delito penal, una catástrofe ecológica de proporciones inimaginables, imposible de definir y evaluar. Fue un crimen de guerra que, además, no ha terminado, si no recién está empezando y amenaza a la humanidad si no son tomadas a tiempo las medidas que aconseja el mínimo sentido de responsabilidad. Lo ocurrido en la Chiquitania es un crimen de lesa humanidad, tanto por afectar a la región, como por sus alcances a nivel continental y hasta planetario. Debe ser considerado como delito penal por medio de disposiciones legales, inclusive a nivel internacional.

El gobierno dictó decenas de medidas para sancionar delitos (racismo, discriminación, feminicidios, infanticidios, casos menores, abusos sexuales, etc.), pero, no ha considerado la sanción a crímenes como el de la Chiquitania. Hace aspavientos con asuntos de mínima cuantía, pero ignora deliberadamente a los de gran tamaño.

La atrocidad ocurrida en la Chiquitania no se la puede dejar que pase como oír llover y, por lo menos, el Órgano Legislativo debe tomar cartas en el asunto, proponiendo medidas penales e instando a la CIJ de La Haya a interesarse en sancionar este delito de lesa humanidad.