El Perú y una lección pendiente de aprendizaje

Los últimos acontecimientos políticos del Perú señalan una clara diferencia con los del país, si se mira el desprendimiento de mando del primer mandatario del nuestro vecino, imbuido de propósitos del bien común y de buen gobierno. En cambio, asistimos a una angurria de poder y de prorroguismo. El reciente hecho de disolución del Parlamento y de la respuesta de cesar del ejercicio presidencial a Martín Vizcarra, epilogan una serie de episodios de contradicciones entre el primer mandatario y la mayoría fujimorista del Congreso unicameral.

Las cosas ingresaron en una espiral irreversible cuando el 28 de julio pasado, Vizcarra propuso el acortamiento de la gestión gubernamental y el adelanto de elecciones generales para erradicar a través del veredicto ciudadano el crecimiento de la corrupción, a la sazón incentivada por el descubrimiento de una red de corruptela en la judicatura.

Esta moción fue finalmente rechazada por la intención fujimorista mayoritaria de llevar a extremos el conflicto de poderes. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, lanzó el guante del desafío mediante la elección legislativa del jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos para integrar el Tribunal Constitucional, nada menos que primo hermano de Ortiz y cuando la sala se aprestaba a seguir la elección de los miembros del Alto Tribunal, sobrevino el decreto de disolución de la corporación legislativa, disposición amparada extraordinariamente por el artículo 134 de la Constitución.

La reacción parlamentaría no se dejó esperar y por unanimidad de los presentes se votó la suspensión del presidente de la República por un año, bajo el tilde de “incapacidad moral temporal”. Acto seguido la vicepresidenta Mercedes Aráoz fue designada presidenta encargada, pero ésta sin pérdida de tiempo formuló renuncia a dicha dignidad, acompañada de lo propio como vicepresidenta del Estado.

El pueblo peruano antes y después de los sucesos manifestó su respaldo a la política anticorrupción del Ejecutivo y en repudio a los intentos de convertir el Poder Judicial en una agencia disponible a los intereses de Keiko Fujimori, detenida preventivamente por supuesto financiamiento de Odebrecht a su campaña electoral pasada. Producida la crisis, las Fuerzas Armadas y la Policía otorgaron su apoyo absoluto a las decisiones presidenciales, conscientes de sus responsabilidades precautorias de la institucionalidad.

Destacamos el acto político heroico del mandatario peruano por enfrentar sin cálculos la lucha contra la corrupción -mientras otros gobiernos la alientan o la miran de soslayo- imprimiendo, además, un testimonio nítido de desapego del poder expresado en la propuesta de acortamiento de su gestión, decisión que involucra su retorno a la vida ciudadana común y corriente, en honra de sus convicciones anti continuistas y conforme al mandato constitucional.

Las facultades previstas en la Carta Política del Perú sugieren un análisis conducente a la incorporación de sus institutos en nuestra economía constitucional junto a un examen de la legislación comparada regional, siempre que abrigásemos una verdadera democracia nutrida por distintas corrientes ideológicas, lejos del unipartidismo secante y dictatorial instaurado en el país.

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