Holocausto ambiental

Declarar desastre nacional es el pedido generalizado del pueblo de Bolivia y el gobierno no lo hace porque teme una rigorosa auditoría ambiental a nivel internacional. La reciente cumbre de bosques determinó un juicio a Evo Morales por los incendios y enviaron sus resoluciones al Tribunal Internacional de la Naturaleza, según Eliana Tórrez, activista del Colectivo que organizó el evento en Santa Cruz. Se debe exigir una auditoría a la dotación de tierras e investigar al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico para que explique semejantes irregularidades, porque en el fondo hay tráfico de tierras e incumplimiento de deberes.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que el INRA dotó terrenos a 26 comunidades de colonizadores afines al partido de gobierno. La Iglesia culpa al gobierno por incendios y le pide cinco medidas, la Conferencia Episcopal demanda la revocatoria de las autorizaciones de desmonte y chaqueos, un decreto de pausa ecológica y la promoción de actividades de reforestación.

Hay una grave responsabilidad del gobierno nacional por emitir el Decreto Supremo 3.973 que favorece los chaqueos ilegales sin el necesario análisis y conocimiento del medio e incluso afectando tremendamente al turismo de la zona. En una acción patriótica, la UMSA convoca al pueblo boliviano a movilizarse para defender la biodiversidad, el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas afectados por estos crímenes y evitar subsecuentes quemas que solo tienen el objetivo de ampliar la frontera agrícola para beneficiar a determinadas élites y sectores afines al gobierno, como los cocaleros del Chapare, al tiempo de exigir el cambio del modelo productivo agroextractivista, que supone la liquidación de los bosques nacionales.

Los biólogos bolivianos exigen que se frene la venta de tierras en la Chiquitania, sostuvieron “que están quemando la nación”. El CONADE plantea un juicio de responsabilidades contra el presidente Morales por biocidio, ecocidio, por los incendios en la Chiquitania. Y la APDHLP rechaza enfáticamente “el manejo político” y propagandístico que el presidente Evo Morales hace con el desastre de la Chiquitania y demuestra insensibilidad ante el dolor de todos los pobladores, sus familias, que son custodios de las reservas naturales.

La Unión Europea a través de su embajador en Bolivia, Leon de la Torre Krais, expresó su preocupación por los incendios incontrolables que se suscitan en la Chiquitania desde principios de agosto y afirmó que se trata de una situación calamitosa que atraviesa esta región. Asimismo, afirmó que la declaratoria de desastre nacional tiene aspectos técnicos que permitirán acceder a otro tipo de ayuda; los países europeos se solidarizarán con la tragedia que vive el Oriente de nuestro país.

La diputada Eliane Capobianco denunció que el INRA entregó de forma ilegal 48 resoluciones de asentamientos a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y el Comité Cívico de San Ignacio de Velasco exigió al INRA anular la dotación de 130.000 hectáreas de tierras fiscales, entregadas a 69 comunidades que no son de esa región. De forma discriminatoria el INRA rechazó 100 carpetas de pobladores de San Miguel. La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) a través de su informe hizo conocer que una medición realizada hasta el 25 de septiembre da cuenta que subió las hectáreas quemadas a 5.3 millones hasta finales de este mes. Así el gobierno de Evo Morales produce el holocausto ambiental en Bolivia.