SIP denuncia persecución a EL DIARIO

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante la 75 Asamblea General concluida ayer en Miami (Estados Unidos), en una de sus conclusiones, alerta a la comunidad internacional sobre un intento de uso del servicio impositivo como mecanismo de persecución contra el periódico independiente EL DIARIO que pudiera derivar en su cierre o en la intervención del medio.

Consideró que “el trabajo periodístico independiente del periódico centenario de Bolivia se encuentra en riesgo de ser silenciado por el Gobierno mediante presiones de orden impositivo”.

También requirió que se cese la exclusión al Decano de la Prensa Nacional y otros medios “de toda forma de trato discriminatorio, en razón de su línea editorial e independencia”.

Mencionó que “la vigencia los derechos civiles y políticos de la Constitución Política del Estado de Bolivia garantizan el derecho a las libertades de expresión, de pensamiento y de opinión”.

Recordó que la Declaración de Chapultepec establece en sus artículos 5 y 7 que: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa” y que “la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

En este sentido, reclamó al Gobierno, Parlamento y Órgano Electoral de Bolivia que modifiquen las normativas electorales que imponen una “censura previa” en medios bolivianos.

Demandó al Órgano Electoral que atienda los pedidos de organizaciones periodísticas y defensores de derechos civiles sobre una “inmediata modificación de normas administrativas”, para que en lugar de restringir el acceso a la información, permitan que las elecciones se desarrollen en un “ambiente de transparencia”.

La SIP expresó que “la CIDH considera como un atentado a la libertad de expresión la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial”.

Pidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) atienda los reclamos de organizaciones periodísticas y defensores de los derechos civiles que piden una inmediata modificación de normas administrativas que, en lugar de restringir el acceso de los ciudadanos a información de interés colectivo, sean ampliamente favorables a una elección de gobernantes y legisladores en ambiente de transparencia.

Ratificó el llamado al Gobierno boliviano para administrar los recursos públicos empleados en la publicidad estatal con un criterio amplio, “excluyendo toda forma discriminatoria y discrecional en la elección de medios”.

Convocó a los gobernantes a respetar el trabajo de periodistas y medios que denuncian acciones delictivas y malversación de recursos públicos, en aplicación de normas internacionales que protegen el trabajo periodístico.

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