Rumores, comentarios, suposiciones y sospechas circulan en relación con que el Padrón Electoral estaría conformado de acuerdo con “instrucciones especiales” recibidas con el fin de favorecer a determinada candidatura. Se piensa en lo ocurrido en un lejano pasado, cuando se encontraba actas adulteradas, datos conforme a instrucciones precisas que habrían recibido los notarios electorales; se ha supuesto que durante su traslado a la sede de las Cortes Departamentales habrían asaltado a los Jurados Electorales y procedido a cambiar las ánforas; en fin, la cantidad de comentarios es tal que dejan susceptible a la colectividad nacional.
Ante la serie de dichos y hechos en relación con la forma como haya sido conformado el Padrón o hechos contrarios a las leyes que se hayan suscitado, lo que corresponde es que, en primer término, se revise completamente el Padrón Electoral; luego, que se tenga cuidado con el traslado de actas de provincias o sitios en que hayan estado instaladas mesas electorales; finalmente, que se tome en cuenta solamente las ánforas en que se vea votos coincidentes con el número señalado por las actas.
Otro temor es que habrían sido inscritos más de 300 ciudadanos para cada mesa; en otras palabras, se dijo que habría entre 700 y más de 1.000 inscritos por mesa, lo que significaría fraude total, correspondiendo la anulación de la votación en la mesa que contenga esas falsedades. Informáticos de los Tribunales Nacional y Departamentales conocen y saben los procedimientos a seguirse porque conocen el tipo de denuncias habidas en relación con posibles fraudes; son ellos los que podrían determinar la validez total de cada ánfora y de cada acta.
El Tribunal Supremo Electoral ha declarado muchas veces que el Padrón Electoral no puede contener vicios, que todo ha sido levantado conforme a normas legales y que cualquier anomalía sería detectada fácilmente; pero hay susceptibilidades, tanto en partidos políticos como en las propias candidaturas, sobre posibles hechos anómalos que podrían invalidar las votaciones, porque no faltan los casos en que se sostiene que, especialmente en las áreas rurales, “cada votante ingresa al recinto de votación con su papeleta ya marcada previamente” y, además, en algunos casos con un acompañante para que “verifique” por quién se está votando.
No faltan los casos en que se endilga a los empleados públicos que habrían recibido la consigna de fotografiar su voto para demostrar que han votado por el candidato oficial y que, de no haber cumplido consignas partidistas, serían expulsados de su cargo. Los supuestos y comentarios son muchos y es el TSE el que debe tomar las precauciones del caso y, conjuntamente delegados partidarios y hasta observadores internacionales, se percaten del contenido de ánforas y actas. Cualquier previsión que se tome será oportuna y necesaria para evitar susceptibilidades o suposiciones que no corresponderían siempre que la transparencia sea el factor positivo de las elecciones.
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