Vecinos denuncian excesos y abuso de víctimas de dictaduras

Durante 7 años, las víctimas de la dictadura mantienen las carpas instaladas en El Prado paceño, no sólo obstruyendo y afectando la estética de este espacio turístico e histórico, sino cometiendo excesos y abuso con el uso indebido de servicios y de espacios públicos.

De acuerdo con la denuncia de los vecinos, el jueves, el sector incurrió en un exceso por el cierre de El Prado, que dejó congestionado el centro paceño por varias horas, además de incidir en el uso abusivo de energía eléctrica, agua y ocupar espacios públicos.

Esta situación sucede mientras las autoridades nacionales prefieren eludir la atención de sus demandas, como es el pago de la compensación económica, por las injusticias y perdidas que sufrieron en el gobierno de facto de Luis García Mesa en nuestro país.

Los ciudadanos paceños que a diario transitan por El Prado observan las condiciones de las cinco carpas instaladas al frente del Ministerio de Justicia, donde permanecen personas, en su mayoría, de la tercera edad. Estas infraestructuras en la actualidad se han convertido en viviendas improvisadas, puesto que muchas de ellas tienen bases construidas con ladrillo.

Las personas que viven en el interior de las carpas utilizan agua regalada por trabajadores de Emaverde, quienes continuamente riegan los jardines que se encuentran en el lugar, respecto a la electricidad, también la obtienen de uno de los postes de alumbrado público del paseo de El Prado, la misma que utilizan para colocar sus parlantes o para tener luz dentro de sus viviendas improvisadas.

Según los vecinos de la zona, las personas que viven en las carpas hacen uso de la energía eléctrica que hábilmente fue canalizada de un poste de alumbrado público y de igual forma acceden al consumo del agua potable de una de las pilas de las jardineras del lugar, sin que exista una cuenta o cancelación por el consumo de esos servicio.

Son 7 años de espera de las víctimas de la dictadura de Luis García Mesa y hasta el momento no ven el cumplimiento del Gobierno a la resolución de marzo de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resarcir los daños.

La vigilia permanece en el mismo lugar, donde varias personas que iniciaron la vigilia ya han fallecido, esperando el resarcimiento del Estado boliviano.

Las viviendas están divididas en la cocina, que comprende una cocinilla que funciona a gas, una caja de plástico con tazas y platos; además de utensilios.