Validez de la Constitución Política en democracia

Muy bien se puede sostener que en la conciencia de los bolivianos existe la convicción de que la Constitución Política del Estado es la Suprema Ley de Leyes, la Carta Magna que rige la vida y acciones tanto del gobierno como de todas las instituciones públicas y privadas y, en alto grado, de la colectividad nacional; hay conciencia de que nadie puede ni debe tergiversar los principios constitucionales que tienen carácter vinculante o sea de cumplimiento obligatorio; finalmente, que ninguna otra disposición es mayor o tiene más validez que la Constitución Política del Estado.

Con absoluta seguridad, el Tribunal Supremo Electoral tiene pleno conocimiento de lo que es la Carta Magna y entre sus deberes fundamentales está el velar porque se cumpla en todo sentido; tiene que haber conciencia en todos sus miembros de que nadie, por poder que tenga, tiene mayor poder de decisión que la Ley de Leyes, suprema autoridad legal de nuestra República. Que esa Constitución ha regido y regulado el estudio y aprobación de leyes y la dictación de decretos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, de gobernaciones y de municipios y cualquier otro documento oficial del país. Todo esto viene a colación por el hecho de que estamos en período de elecciones generales que se llevarán a cabo el domingo 20 de octubre y, en cumplimiento de la CPE y leyes pertinentes, todos los candidatos deben estar habilitados plenamente conforme a dictados constitucionales.

Al respecto, surge la pregunta que, para muchos, sería controvertida, sobre lo que señala la CPE y ratificó de este modo el resultado del Referéndum del 21 de febrero de 2016 que prohíben más de una reelección al Presidente y Vicepresidente de la Nación. Actualmente, dichos mandatarios cumplen su tercer período; el último inconstitucional. Lo que se busca ahora es la cuarta re-reelección ajena a la Constitución. En su momento el Tribunal Constitucional -pocos días antes de que termine su período legal- decidió, de buenas a primeras, legalizar la posible re-reelección y, sobre esa decisión, el Tribunal Supremo Electoral dio vía libre a la candidatura que está en plena campaña.

Ante esta situación que establece claramente que la candidatura de los señores Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera estaría viciada, surge la pregunta que se hace el público: ¿Qué ocurrirá si esta fórmula ilegal gana el proceso electoral? ¿Pueden los candidatos perdedores reconocer ese triunfo aun sabiendo que es inconstitucional? ¿Podrán ambos reelegidos asumir conciencialmente los cargos? ¿Cómo serán reconocidos ante el consenso internacional y ante la misma ciudadanía del país? Insistir en que el Tribunal Constitucional legalizó la re-re-repostulación y re-reelección querría decir que éste tiene poderes absolutos superiores a la Constitución y que, con la misma autoridad, podría cambiar cualquier disposición de la CPE.