Judicialización contra opositores

Si bien la tortura física está teóricamente suprimida de las prácticas policiales y represivas, algunos gobiernos han sustituido este tormento material por otro no menos aterrador y que puede ser calificado como una muerte a plazos. Nos referimos a la persecución judicial en boga, optada por los gobiernos que gustan calificarse como demócratas, instrumentando a su servicio a los tribunales de Justicia contra sus opositores. Uno de estos procesamientos conocidos como “judicialización de la política”, se le está aplicando al líder de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, preso desde agosto de 2018, sindicado de instigar a grupos de cocaleros para atacar a policías en la región de la Asunta, Yungas. Presuntamente a consecuencia del ataque murió el oficial uniformado Daynor Sandoval y heridos otros siete policías.

Aparentemente hasta ahora no hay en el proceso ninguna prueba inculpatoria contra Franklin Gutiérrez, lo cual debería determinar su defensa en libertad. Gutiérrez se entregó a las autoridades en agosto de 2018 y desde entonces el proceso que apenas llegó a la etapa de inspección ocular, viene postergándose metódicamente. Dicho acto hasta el momento registra seis suspensiones, a base de los más increíbles pretextos, claramente dilatorios y mortificantes contra el sindicado.

Los “motivos” de esta retardación son de lo más pueriles e insólitos. Una de las últimas postergaciones se debió a que “el equipo logístico no se encuentra disponible porque forma parte de las sofocación del fuego en la Chiquitania” y tampoco se disponía de un helicóptero. La declaración corresponde a un abogado del Ministerio de Gobierno, inmiscuido en el caso. Exigencias tales demuestran el aburguesamiento de los “servidores públicos” de la actual Administración. El mismo funcionario añadió que ya tenía lista la imputación formal, declaración de injerencia en la fiscalía que, se supone, es entidad autónoma del Órgano Ejecutivo.

El siguiente acto señalado para la inspección ocular no se realizó, esta vez por falta del cuaderno o expediente del trámite. Recientemente se ha fijado nueva fecha para el día 18 de octubre, dos días antes del evento electoral. Se prevé que esta fijación se suspenderá aduciendo que la ley prohíbe “reuniones” 28 horas antes de la elección, pese a tratarse de un acto distinto al carácter de la prohibición legal.

Dilaciones como estas en los procesos calificados por la opinión pública como políticos, se deben a instrucciones del Gobierno. Entre otras acciones opositoras de Franklin Gutiérrez en representación de Adepcoca, se tiene que se propició como candidato a la presidencia por el sector cocalero de Yungas para enfrentar la postulación de Evo Morales por los cocaleros del Chapare. Esa amenaza parece ser la verdadera causa del proceso. Otro juicio político contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, se prologa por 10 años, mientras decenas de juicios pesan contra determinados opositores.