Las primeras facturas de La Haya

Se ha cumplido un año del fallo No. 49 del 1 de octubre de 2018 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dejó inapelablemente a Bolivia sin “plausibilidad jurídica”, en cuanto a la “obligación de negociar con soberanía un territorio en el océano Pacífico”. Luego de la sentencia, la respuesta diplomática chilena fue terminante: “Este fallo es fundamental para las relaciones internacionales de Chile, ya que cerró toda controversia que Bolivia pudo levantar respecto a su aspiración marítima” (Teodoro Rivera, canciller - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile - 3 de octubre, 2019).

Y a partir de la sentencia, la cancillería chilena se dispuso a cerrar sistemáticamente cualquier intento de aproximación a Bolivia.

El 25 de julio de 2019 el Concejo Municipal de Arica aprobó por unanimidad modificar el uso de suelo del terreno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la avenida Diego Portales, esquina Alejandro Azolas. La parcela, cuyo comodato data de 1955, se encuentra sin uso hace más de 60 años. “Por años hemos sido demasiado benevolentes con el cumplimiento de los tratados internacionales… debemos recuperar un terreno por el bien de nuestra comunidad”, pasando de ser una “zona de infraestructura energética a ser una zona mixta” (para áreas verdes y viviendas). “No se trata de una expropiación sino más bien de una recuperación del uso de suelo” (Gerardo Espíndola - Alcalde de Arica - 25 de julio, 2019).

Es bueno recordar que el 31 de enero de 1955, los estados han firmado el “Tratado de Complementación Económica Boliviano – Chilena”, que establece que “ambos gobiernos convienen en prestar las facilidades necesarias para la construcción y operación -por YPFB- de un oleoducto entre Oruro y Arica, que permitirá el suministro de petróleo, destinado al consumo chileno y a la salida de ese producto a otros mercados”. De “autorizar la construcción de 8 edificios para la operación y vivienda del personal”, y cuyo tenor señala además que: “La obra se edificará en terrenos fiscales chilenos signados con el lote N°2 de 3,5 hectáreas de la ciudad de Arica que se otorgará a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en concesión de uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto y para la instalación de un estanque receptor de lastre”.

La única respuesta oficial boliviana fue la del presidente de YPFB, Óscar Barriga, quien empequeñeció el impacto de la confiscación. “Ese es un espacio que no estamos utilizando, nuestra planta de almacenaje está en otra área, esa superficie está en el centro de la ciudad por lo que no hay posibilidades de efectuar ninguna operación de combustible”, expresó. (Gente – 27 de julio, 2019).

El comodato sigue vigente, sin que alguna de las cancillerías (en especial la chilena) aún haya establecido las acciones públicas y futuras a seguir.

A fines del mes de agosto, funcionarios de la policía de Investigaciones de Chile impidieron el acceso a territorio chileno del documentalista Miguel Hilari y del actor Urbano Mamani, cineastas bolivianos, quienes habían sido invitados por el Festival “AricaDoc” para presentar su película “Compañía”, con la que se cerraba una semana de funciones en el Teatro Municipal de esa ciudad. (Diario U de Chile – 25 de septiembre, 2019).

En palabras del director Hilari: “Al llegar al paso fronterizo de Chungará, la policía de Investigaciones de Chile nos negó el ingreso, alegando que Mamani no podía acreditar su estatus de turista”. “Intenté explicar que fuimos invitados a presentar una película, pero de muy mala manera el oficial Osvaldo Burgos me dijo que nos retiremos y que ahora con mayor razón nos negaría el ingreso a ambos, porque para eso necesitaríamos un permiso especial de la gobernación de Arica” (El Mostrador - 4 de septiembre, 2019).

“Son de conocimiento público las habituales prácticas de discriminación, racismo y xenofobia que ejercen diferentes agentes del estado chileno en contra de ciudadanos provenientes de otros países. En este caso particular, nuestros invitados contaban con todos sus documentos oficiales para hacer entrada a Chile, sin embargo, de forma autoritaria y prepotente su ingreso fue rechazado sin mayor motivación que los propios prejuicios de los funcionarios involucrados” (Asociación de Documentalistas de Chile - 3° Festival Internacional de Cine “Aricadoc”, 2019). No existe una aclaración pública de la cancillería chilena sobre el tema.