412 días en prisión y un cabildo exige su libertad

El cabildo de La Paz, realizado el 10 de octubre, resolvió exigir una amnistía general e irrestricta a todas las personas encarceladas injustamente, de manera particular e inmediata de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franclin Gutiérrez y Sergio Pampa.

“Considerando que el Gobierno ha criminalizado la protesta social, y ha subordinado a la justicia a sus intereses, el cabildo resuelve exigir una amnistía general (…), de manera particular e inmediata de los dirigentes de los Yungas, Franclin Gutiérrez y Sergio Pampa”, decía el exdefensor del Pueblo y miembro del Conade, Waldo Albarracín, e inmediatamente, las miles de personas que acudieron a la plaza San Francisco de La Paz empezaron a corear ¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!, ondeando la tricolor nacional.

El presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, está recluido desde el 27 de agosto de 2018, con hoy cumple 412 días en prisión, sin una sola prueba contundente en su contra, tal como lo aseguró el fiscal Departamental de La Paz William Alave, el 15 de julio de 2019, tras que se filtrara un audio del exfiscal del caso Carlos Mariaca, donde reveló aquel extremo que impide hasta hoy acusar formalmente al líder cocalero.

El secretario de Actas de Adepcoca, Sergio Pampa, fue aprehendido el 24 de julio de 2019 sindicado de haber participado en los hechos de violencia el 14 de febrero, en la comunidad La Calzada, del municipio La Asunta. El 27 de julio fue enviado con detención preventiva al penal La Merced de Oruro.

El 3 de octubre fue imputado en el caso de la muerte del teniente Daynor Sandóval, y enviado también con detención preventiva. A decir de su abogado, Omar Durán, la determinación del juez se dio porque no se pudo acreditar el domicilio de su defendido y que el juez de la causa Orlando Rojas, desconoció las imputaciones porque eran subjetivas. Al respecto, el fiscal departamental William Alave aseguró que contra Pampa se tenía indicios de que estaba en el lugar de los hechos, el 24 de agosto de 2018.

Pampa aseguró su inocencia, se declaró preso político y reiteró que si algo le sucede a él o a su familia será responsabilidad del Gobierno.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que una vez se conozcan los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y cívicos de diferentes regiones se reunirán para asumir una posición y evaluar las posibles acciones para dar cumplimiento a las decisiones de los cabildos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

ADEPCOCA VS. GOBIERNO

La ruptura entre Adepcoca y el Gobierno se dio después que el presidente Evo Morales promulgara la Ley 906 General de la Hoja de Coca, en marzo de 2017.

Según el libro “Coca MAS cocaína: Economía de la droga, guerra falsa y pachamamismo”, del investigador Manuel Morales Álvarez, el Movimiento Al socialismo (MAS) subió de 12 mil hectáreas, establecidas en la Ley 1.008 de Sustancias Controladas, a 22 mil hectáreas con la nueva ley.

Explica que de esas 22 mil ha, se distribuyó 14.300 ha para la coca tradicional de La Paz y 7.700 ha para la coca de Cochabamba, que no es considerada como cultivos ancestrales ni protegidos en la Constitución. Empero, la producción –dice el texto– sobrepasó los límites hace un año, llegando a las 31.737 ha cultivadas en 2017.

A partir de esa promulgación, miembros de Adepcoca realizaron diversas protestas que fueron reprimidas con detenciones y ataques de las autoridades gubernamentales que fueron apoyadas por dirigentes de los cocaleros del Chapare.

El martes 6 de febrero de 2018, el Gobierno inició la erradicación de coca excedente en el municipio de La Asunta en coordinación con grupos afines al oficialismo, hecho rechazado por Adepcoca.

Para ese fin, el Comando Estratégico Operacional, mediante la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instaló seis campamentos de erradicación.

En esa oportunidad, el exviceministro de Coca, Froilán Luna, aseguró que dirigentes de Adepcoca buscaban confrontación con el Gobierno por intereses políticos y personales, lo que beneficia a los opositores y la derecha contraria al proceso de cambio.

En abril de 2018, Luna anunció que se castigará a las comunidades yungueñas que se rebelaron contra el MAS y no se les otorgará proyectos.

Esas declaraciones fueron rechazadas por Edwin Rodríguez, senador de Unidad Demócrata (UD). “Nos parece totalmente ilógico, irracional, abusivo y porque además los recursos que maneja el Gobierno no son de sus bolsillos; y aún más nos parece un exceso que un Viceministro que pertenece al gremio, esté chantajeando de esa manera a sus propios hermanos”, manifestó en esa oportunidad.

En agosto de 2018, el conflicto entre cocaleros de La Asunta y la FTC se agudizaba con nuevas advertencias y un ultimátum, después de que hubo heridos y detenidos en enfrentamientos a bala, entre el 18 y 19 de ese mes.

En esa oportunidad, el líder cocalero denunció que los erradicadores cometían abusos, con violencia, gases y balines, por lo que toda la gente, incluidos niños y mujeres vivían atemorizados.

El 24 de agosto de 2018, murió el teniente Daynor Sandóval, una primera versión fue que una herida de bala le produjo desangramiento.

Esta hipótesis es cuestionada por el abogado del líder cocalero, Jorge Santistevan, quien manifestó que el informe médico no menciona que hubiera visto orificios de herida producidos por arma de fuego y que Sandoval tenía una herida de 12 x 6 cm que comprometía piel, tejido celular subcutáneo y músculo, neurológico Glasgow de 0/15 y que en el muslo izquierdo a nivel del tercio superior identifican un torniquete.

El 27 de agosto de 2018, Gutiérrez se entregó a la Policía en el marco de las investigaciones de una presunta emboscada donde murió Sandoval, pese a no existir una orden de aprehensión en su contra, fue recluido en celdas judiciales.

El 28 de agosto, el juez del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, determinó enviar al líder cocalero, a la cárcel de San Pedro de La Paz, bajo detención preventiva por la muerte de un efectivo policial en la zona de La Asunta y otros delitos como asesinato, tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego, atentados contra la seguridad y medios de transporte, fabricación comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, lesiones graves y leves, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado e instigación pública a delinquir.

Ese mismo día, el hijo del Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Asunta, Freddy Quispe, fue hallado muerto en el río. El menor había desaparecido en el enfrentamiento con policías, a la fecha este deceso no fue esclarecido, por lo que el diputado de UD Wilson Santamaría anunció que pedirá informes de avances de la investigación al Ministerio Público.

El 29 de agosto, los cocaleros Eliseo Choque y Carlos Vega mueren tras ser baleados en el Puente San Antonio, del municipio de La Asunta. El entonces comandante de la Policía, Faustino Mendoza, señaló que se actuó en defensa propia. A la fecha no hay avances de la investigación.

El lunes 3 de septiembre de 2018, una multitudinaraia marcha de cocaleros de los Yungas llegó a La Paz tras ocho días de caminata. Con los ataúdes de sus compañeros caídos recorrieron calles del centro paceño exigiendo justicia y libertad para su líder.

El 13 de junio de 2019, el secretario de Hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), en La Asunta, Eduardo Apaza, fue asesinado con un arma de fuego cuando éste retornaba a su domicilio.

El 22 de junio de 2019, Miguel Coico, dirigente de Adepcoca, falleció luego de ser apuñalado por un grupo de personas en la localidad de Trinidad Pampa de los Yungas de La Paz.

El 31 de julio de 2019, miembros de Adepcoca afín al Gobierno, en medio de tensión, eligieron a su nuevo directorio. Irene Flores, representante de la regional Arapata, fue posesionada como presidenta del directorio.

Mientras anunciaban al nuevo directorio 2019-2021, un grupo de personas se oponía al mismo.