Prohibir celulares en recintos electorales

Dadas las susceptibilidades y temores surgidos en la colectividad debido a rumores y comentarios sobre posibles o supuestos fraudes electorales, una de las medidas más apropiadas y convenientes sería que el Tribunal Supremo Electoral prohíba que ningún ciudadano votante porte un celular al ingresar a depositar su voto. Disponer que el votante solo puede llevar consigo su papeleta de votación y, luego de haber marcado o emitido su voto deposite en el ánfora respectiva; finalmente, se le devuelva el teléfono celular.

Las suspicacias surgidas se deben a la creencia, rumor o suposición de que “habría la exigencia de que los empleados públicos se fotografíen con su propio celular para probar por quién han votado”. Medida por demás extraña y atentatoria contra los derechos humanos porque implicaría controlar la conciencia del ciudadano. En caso de incumplir “instrucciones precisas y terminantes para votar por tal o cual candidato” habría la drástica sanción de suspenderlo de su cargo o, por lo menos, imponerle severas sanciones.

Tanto por conveniencia del partido de gobierno, cuyo candidato siendo gobierno terciará, de todos modos, en el proceso electoral no obstante la prohibición constitucional, como para los demás candidatos a la Presidencia de la República, serían importantes y necesarios todos los controles y secuestrar, momentáneamente, celulares, resultaría medida atinada y necesaria, capaz de infundir confianza en el elector.

Establecer cualquier control para comprobar por quién se vota es atentatorio contra la libertad de expresión y de conciencia, extremo inaceptable por quienes -ciudadanos libres del país- no tienen por qué acatar disposición tan arbitraria que manipule conciencias y derechos para quien se considere digno del voto consciente y responsable.

Los funcionarios de la administración pública son empleados del Estado; no son, en forma alguna, empleados o dependientes de ningún partido político que esté en función de gobierno. Esos funcionarios tienen derechos como cualquier otro ciudadano y nadie, por poder que tenga, podría pretender violentar o violar su dignidad y sus derechos; al contrario, y en todo caso, debería ser el gobierno de la nación, a través del Tribunal Supremo Electoral, el que debería garantizar la limpidez y transparencia del voto; garantizar que el empleado público tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.

Tanto el partido de gobierno como los demás que intervienen en el proceso electoral han expresado muchas veces que las elecciones deben ser limpias y transparentes, que no debe haber manipulación o tergiversación del voto; que las ánforas son “recintos sagrados” de la democracia que rige en el país desde hace 37 años.