Candidato usurpador… ¿Presidente usurpador?

Una vez conocido el resultado del Referéndum del 21 de febrero de 2016, íntegramente legal y constitucional, el MAS apelando a malas artes logró que “su” Tribunal Constitucional Plurinacional pronunciara la sentencia Nº 084 en diciembre de 2017, transgrediendo la CPE, además de la voluntad consultada al pueblo, fingió “legalizar” la candidatura de Evo Morales Ayma, para que pueda postular –por cuarta vez- en las elecciones generales del 20 de octubre próximo, extremo que fue avalado –torpe e ilegalmente- por “su” (también) Tribunal Supremo Electoral, iniciándose un real fraude y convirtiéndose Evo Morales en un “candidato usurpador”.

Según la Real Academia de la Lengua, usurpar es “arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro y usarlos como si fueran propios”.

Increíble, inimaginable, el Tribunal Constitucional Plurinacional quebrantó, de un plumazo, en su Sentencia Nº 084 el ordenamiento jurídico vigente en el país. A) Aplicó un tratado internacional, transgrediendo el Art. 410, Parágrafo II, puntos 1 y 2 de la CPE que ordena: “la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía…”. 1.- Constitución Política del Estado, y 2.- los tratados internacional. B) Maliciosamente no se refirió al Referéndum 21F, transgrediendo la Ley 026 de 30 de junio de 2010, Art. 15, que ordena: “las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante.

Organizaciones políticas, entidades cívicas, personas particulares, etc. acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y a otros entes internacionales denunciando semejante situación, completamente irregular, presentada en nuestro país. La respuesta fue muy escasa. Al parecer, el pueblo boliviano, directamente afectado, no tiene peso alguno internacionalmente, ante la vanagloria del gobierno masista, que entabló una campaña preelectoral profusa, obviamente, utilizando fondos del TGN, cual se tratara de algo normal y corriente.

Era el momento para que la comunidad internacional se pronuncie y manifieste la posición correcta de declarar improcedente tal candidatura, con base en el cumplimiento elemental de principios básicos del sistema democrático vigente.

Ante esta situación, en las circunstancias actuales, el “candidato usurpador”, con el favor de ocho binomios presidenciales, que se dice, cándidamente, pugnarán (¿) en las elecciones generales y, fundamentalmente, con el proceder parcializado del árbitro de estas justas eleccionarias, que es el Tribunal Supremo Electoral, en su afán indisimulado de favorecer a EMA, lo convertiría en “Presidente Constitucional, elegido en elecciones democráticas” (¡). Empero, por los pasos dados en Venezuela, paradójicamente los mismos que en Bolivia, se trataría de un “Presidente usurpador”.

Seguramente, entonces, todos esos organismos internacionales, con una serie de declaraciones obsoletas -como sucede actualmente con regímenes de Venezuela y Nicaragua- se han de referir, si lo hacen, a la situación boliviana, empero, sin consecuencias.

Todavía la ciudadanía, la gente de a pie, inocentemente, tiene la esperanza, tal vez remota, de que su voto tenga algún valor y se llegue –por lo menos- a una segunda vuelta, para que el pueblo tenga la satisfacción y la opción verdadera de poder elegir, lo que podría haber ocurrido con un Tribunal Supremo normal, honesto y correcto.