Otra consecuencia de las “nacionalizaciones”

Los llamados “partidos de izquierda” que sean “contrarios” al capitalismo han adoptado en Bolivia, una vez en el poder, la manía de nacionalizar empresas porque ello implicaba “actuar con dignidad, ateniéndose a las propias posibilidades del gobierno revolucionario”. Bajo este criterio, se nacionalizó la minería en el año 1952 y entraron en los procesos otros casos, hasta los últimos llevados a cabo por el gobierno del MAS. Nacionalizar resultó, en buenas cuentas, anular inversiones, confiscar empresas que invirtieron capitales financieros, tecnológicos y humanos. La consecuencia: exigencia de indemnizaciones por parte de los afectados hasta llegar a la conclusión de que había que pagarles y los casos que estaban en controversia ser sometidos a procesos de arbitraje que generalmente han afectado prestigio del país que, de todos modos, tuvo que pagar las demandas.

Uno de los últimos casos es el sometido al arbitraje con South American Silver, empresa canadiense que explotó la mina Mallku Khota y que, por conflicto habido con sus trabajadores, el gobierno decidió “nacionalizarla” y entrar en convenio con los inversionistas; pero, al no llegar a acuerdos definitivos, se recurrió al arbitraje que concluyó con la decisión de que “Bolivia debe cancelar 25,5 millones de dólares por concepto de indemnización” (ED 30-8-19).

El caso es muy similar a otros producidos por causas de las llamadas nacionalizaciones, cuyos fallos judiciales el país debe honrar, por las decisiones nacionalizadoras. Se dijo que, originalmente, la empresa canadiense reclamó una indemnización de 385,7 millones de dólares, pero el año 2018 el tribunal de arbitraje decidió que “Bolivia no había incumplido sus obligaciones, por lo cual otorgó 28,8 millones a la canadiense, incluyendo capital e intereses”. Al final, mediante tratativas amistosas con la empresa canadiense “se quedó en 25,5 millones de dólares y la transacción de condonar 3,2 millones de dólares para cerrar la controversia”.

El caso si bien resulta “beneficioso” para el país, por haber resignado la empresa a perder mucho de lo que había pretendido originalmente por concepto de indemnización, es posiblemente el único, porque generalmente, cuando se arbitra similares situaciones, los resultados son negativos para los países demandados, como es el de Bolivia. Es preciso reconocer que este tipo de negociaciones o acuerdos post “nacionalizaciones” normalmente acarrean desprestigio tanto para el Estado como para el gobierno, especialmente alejando a quienes tienen la intención de invertir; las nacionalizaciones implican pérdida de confianza, credibilidad y fe en el país; dudas y sospechas sobre las intenciones y propósitos del gobierno, desconfianza y descrédito en las organizaciones laborales que se cree son utilizadas con el fin de llegar a procesos nacionalizadores en detrimento de los inversionistas.

El caso es, pues, serio y habría que evitar (como ha sacado como conclusión el gobierno) nacionalizaciones y, al contrario, infundir confianza y credibilidad en el país y sus autoridades; de otro modo, se corre el riesgo de que Bolivia no reciba capitales ni tecnología como inversión.