Minería rumbo a la crisis

Desde el nacimiento de la república, todas las minas pequeñas, medianas o grandes de la minería boliviana se debieron a la iniciativa privada de empresas bolivianas y últimamente de transnacionales, como las dos únicas operaciones de clase mundial: Kori Kollo con capacidad de tratamiento de minerales de oro y plata de 20.000 toneladas por día (tpd) y San Cristóbal que trata 52.000 tpd de minerales de zinc, plata y plomo.

Bolivia debe ser uno de los países más sensibles a los precios de los metales, debido a la explotación de antiguas y cada vez más agotadas minas, a la poca mecanización y a la falta de tecnología de punta, en la mayor parte de las operaciones. Lo comprobamos con el cierre de gran parte de las minas de estaño, cuando su precio se derrumbó en octubre de 1985 y en los primeros años de este siglo cuando por los bajos precios se tuvo que subvencionar la producción de estaño y zinc en los sectores de la minería chica y de las cooperativas.

Esta crisis como por arte de magia se transformó en la bonanza más grande de la minería, debido a que como nunca ocurrió antes, subieron espectacularmente los precios de todos los metales y de los commodities en general, debido a la avidez de la industria china. A los precios se sumó el que como tampoco había ocurrido antes, entraron en operación tres importantes operaciones que iniciaron trabajos de exploración en la década de 1990 con un código de minería atractivo para las inversiones: San Cristóbal (Sumitomo), la operación más grande de la minería boliviana (2007) con una inversión total de 1.800 M$us, Manquiri (2008, Ag-Mining Investments) y San Vicente (2009, Pan American Silver), que incrementaron enormemente las exportaciones mineras. En el período 2006-2018 se exportó un promedio anual de 2.822 M$us, mientras que entre 1993-2005 el promedio anual fue de 424 M$us.

Entre 2001 y 2005 por regalías, impuestos y patentes se recaudó un promedio anual de 29 M$us, mientras que entre 2006 y 2017 el promedio anual fue 268 M$us, a pesar de lo cual se hizo escasa exploración estatal que no generó ningún proyecto y, la única exploración extranjera en Corocoro (COMIBOL) la realizó la coreana KORES invirtiendo 10 M$us desde 2008, que resultó en un fracaso.

Todos los anteriores códigos de minería otorgaban concesiones mineras consideradas como un bien inmueble, vale decir transferible, transmisible e hipotecable. Como efecto de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) promulgada el 07/02/09, la actual Ley de Minería No 535 (28/05/14) ha transformado la concesión minera en Contrato Administrativo Minero, por el cual el Estado otorga derechos mineros para realizar actividades mineras en determinada área. La NCPE determina que la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas. Bolivia salió del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en 2007. La Ley No 3.787 de 24/11/07 subió el Impuesto a la Utilidad de las Inversiones (IUE) de 25% a 37,5%.

Como consecuencia de estas medidas que ahuyentan la inversión extranjera privada, se han producido dos efectos: 1) Ninguna empresa importante ha solicitado Contrato Administrativo Minero alguno y 2) A la fecha no tenemos ni un solo proyecto minero nuevo en ciernes ni siquiera de tamaño mediano, lo que es sumamente preocupante. Además las producciones de algunos minerales ya empezaron a bajar. Por otra parte, las operaciones de otras empresas transnacionales (junto a las tres ya mencionadas), Glencore (Bolívar y Porco de COMIBOL) y Orvana (Don Mario) dejarán de operar en pocos años, por lo que habrá un derrumbe de la recaudación de regalías e impuestos, miles de trabajadores quedarán desempleados y el comercio, la industria y el transporte se verán severamente afectados.

El período de mayor inversión minera en Bolivia fue entre 2005 y 2017, en el que la inversión pública dio un promedio anual de 85 M$us y la privada 229 M$us, totalizando 314 M$us, mientras que las inversiones mineras anuales proyectadas para Chile y Perú arrojan 6.925 y 3.437 M$us respectivamente, debido fundamentalmente a la inversión extranjera, porque ambos países entre otros factores atractivos y decisivos para atraer esta inversión (además de Argentina, Ecuador, México etc.), mantienen el sistema de concesionamiento. Como consecuencia, el valor de las exportaciones mineras en el mismo período de Chile y de Perú fueron 15 y 8 veces más que las de Bolivia.

Un factor negativo para la economía minera fueron las decisiones de emprender operaciones sin estudio de factibilidad alguno: la rehabilitación de la fundición de bismuto en Telamayu, la puesta en marcha de la fundición de plomo-plata de Karachipamapa, concluida en 1984 y la construcción del ingenio Lucianita en Huanuni, que resultaron en completos fracasos.

Siendo vital contar con nuevas minas que solamente será posible con inversión extranjera, para atraerla vuelvo a sugerir algunas medidas como:

1. Volver al sistema de concesionamiento y al arbitraje internacional.

2. Establecer un sistema tributario estable y competitivo con el de otros países.

3. Demostrar que existe seguridad jurídica, simplemente haciendo cumplir lo que indica la Ley de Minería que en su Art. 99 indica que el Estado garantiza la seguridad jurídica de las inversiones mineras.

4. Siendo vital la exploración minera, debe merecer incentivos especiales, entre ellos, debería haber una doble deducción de los gastos incurridos en ella, en la determinación del IUE.

5. Solo para nuevas operaciones, la regalía debería pagarse sobre el Valor Neto de Venta, vale decir Valor Bruto de Venta menos gastos de fundición y realización, como se lo hace en otros países.

Para evitar gastos insulsos, seguir la lógica que cualquier proyecto debe ser realizado luego del estudio de factibilidad.