En los cabildos realizados en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Oruro miles de ciudadanos manifestaron su desacuerdo con el prorroguismo del presidente Evo Morales y Álvaro García, binomio que intenta una cuarta reelección abarcando hasta ahora trece años. El cabildo más impresionante fue, sin duda, el de la capital oriental, congregando un millón de personas. El de La Paz anduvo también con alrededor de ese volumen. Proporcionalmente fueron también enormes concentraciones las de Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro.
Principalmente todos estos eventos advierten con desconocer el presunto triunfo de la candidatura Morales-García, por considerar ilegal su participación electoral, anticipando la “desobediencia civil” democrática. El fraude como ingrediente creado por ciertos hechos que el Tribunal Supremo Electoral dejó pasar, subsisten en el imaginario de los opositores partidistas o no partidistas. De cualquier modo, la desobediencia civil es un auto desafío muy difícil de concretar. Si bien los cabildos convocaron a cívicos, plataformas ciudadanas, activistas de las redes sociales y al pueblo en general, la ejecución de dicha medida radical recaerá sobre los partidos para dirigirla y la convocatoria que puedan tener es impredecible.
Los cabildos por lo general han enjuiciado los puntos débiles y vulnerables a los que el Gobierno del MAS ha quedado expuesto, colmando la tolerancia ciudadana en tan largo tiempo en espera de enmienda, sin embargo el gobierno ha hecho todo menos atenuar sus métodos de sostenimiento en el poder.
Las conclusiones comunes de los cabildos fueron además de la desobediencia civil, la defensa del resultado del 21 F, la renuncia del Órgano Electoral Plurinacional, juicio de responsabilidades por la devastación de más de cinco millones de hectáreas de la Chiqiuitania y por la no declaración de “desastre nacional”, rechazo a la corrupción de esferas oficiales.
El cabildo cruceño enfatizó la toma de un camino hacia la federalización del país, replicado en Potosí y Tarija. Los potosinos, como era de esperar, reivindicaron la abrogación del Decreto Supremo 3.738 de sociedad del Estado con Acisa, empresa alemana favorecida con la explotación de Litio y la asignación de regalías para su departamento. Oruro pidió participar en este mismo aspecto en relación con el Salar de Coipasa, añadiendo que la fábrica instalada de cemento se adjudique a su departamento. Como se ve, es una agenda nutrida y un instrumento de batalla portador de importantes “ideas fuerza” de movilización.
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