Un pueblo indignado

En estas mismas páginas en una nota periodística de 27 de julio del presente año, con el título de: “Elecciones amañadas”, dijimos que el proceso electoral para elegir al presidente, vicepresidente del Estado y asambleístas del Órgano Legislativo, estaba lleno de irregularidades, pues el Órgano Electoral estaba al servicio del gobierno que ejerce hace ya casi catorce años consecutivos. Más aún cuando, como lo dijimos en otra nota de 29 de agosto de 2009, con el título de: “recetario chavista”, hacíamos mención a que los regímenes populistas apadrinados por el “chavismo” no dejaban el poder político y para ello anotamos varias medidas aconsejadas, entre ellas el “fraude electoral”, como ha sucedido en la misma Venezuela, Nicaragua y ahora Bolivia, al influjo del socialismo-comunismo.

La participación libre de la ciudadanía en la elección de sus gobernantes, es uno de los principios del sistema democrático de gobierno y de vida, es decir elegir a quienes quiere que la gobiernen y cómo. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que muchos gobiernos elegidos democráticamente, luego ya en el poder, se tornaron dictatoriales, pues todo el que ejerce poder tiende a hacer uso y abuso del mismo y por ello el freno a ese abuso es la Constitución Política del Estado, como ley suprema del ordenamiento legal de un país.

Precisamente las constituciones señalan expresamente el tiempo de ejercicio del poder, para evitar los autoritarismos y dictaduras sin límites. La nuestra señala expresamente que sólo se puede ejercer dos períodos continuos de mandato. El actual régimen está ya en el poder del Estado tres períodos y pretende un cuarto, inconstitucional, ilegal y ahora ilegítimo, pues el pueblo en el ejercicio de su soberanía, en el referéndum convocado por el mismo gobierno para reformar el límite señalado en la Constitución, mayoritariamente se pronunció negativamente. Esta decisión del pueblo debe ser cumplida inmediatamente, por ello se denomina “vinculante”.

A pesar del veredicto del pueblo, el régimen lo desconoció y con argucias leguleyas del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo Electoral, conformado por gente adicta al régimen, se validó engañosamente la candidatura del presidente y vicepresidente en actuales funciones. Además, el mismo presidente declaró en varias ocasiones, luego del resultado del referéndum que le fue adverso, que respetaría la decisión soberana del pueblo, más aún, en una de esas declaraciones sostuvo que no respetar esa decisión significaría un golpe de Estado.

Ya en las elecciones judiciales de dos oportunidades, el pueblo boliviano votó mayoritariamente contra los candidatos elegidos por el oficialismo, pese a ello fueron posesionados para servir al régimen; luego votó en el referéndum de 21 de febrero de 2016 contra la pretensión reeleccionista y en estas elecciones lo habría hecho de igual manera. Entonces, ¿cómo es posible que la ilegal candidatura oficial aparezca ganadora en la primera vuelta electoral, cuando la proyección en el conteo en boca de urna determinaba una segunda vuelta entre los más votados, por la proximidad del resultado entre ambos? ¿Por qué las autoridades electorales interrumpieron el curso del conteo rápido al 85% de los votos, que señalaba una segunda vuelta electoral, a la vez que el presidente-candidato anunciaba públicamente su triunfo? Si la población mayoritaria en el país está en las áreas urbanas (72%), en las que el voto censura al régimen fue contundente ¿cómo puede ser que el voto rural determine el triunfo del oficialismo?

La ciudadanía hace ya muchos meses en encuestas de opinión declaró en un 65% que el gobierno no respetaría el voto ciudadano, como lo hizo con el resultado del referéndum del 21 de febrero y, en consecuencia, asistió a las urnas con cierto grado de frustración, porque además había pedido que la oposición se uniera y presente una sola candidatura, la misma que no fue recogida por los numerosos candidatos, que prefirieron dar lugar a su “soberbia”, afectando los intereses comunes del pueblo, que hubiera elegido entre dos claras opciones, el continuismo de catorce años de gobierno, con más errores que aciertos, o un nuevo gobierno con legalidad y legitimidad.

El pueblo, en su mayoría, se ha volcado a las calles en defensa de la democracia y su voto, en especial los jóvenes, en manifestaciones de protesta y repudio al régimen y al Órgano Electoral Plurinacional, acusando de “fraude” por el resultado, engaño que ya se hizo en anteriores ejercicios electorales, pero que ahora parece ser de características groseras.

De persistir el gobierno en el ejercicio del poder, con oposición mayoritaria en la opinión pública, sólo le resta aplicar una política represiva y agudizar su carácter autoritario, asemejándose a los regímenes venezolano, nicaragüense y cubano, de los que es aliado.

La democracia como régimen de libertades debe ser conquistada y defendida por todos, pues sus enemigos están al acecho para darle una puñalada, porque no son demócratas, suelen disfrazarse y utilizarla para llegar al poder, en nombre de los pobres, para luego llevar a todos a esa pobreza a la que decían combatir. No olvidemos, como sentenció Napoleón, que la historia es la madre de los pueblos.

El autor es abogado, politólogo y escritor.