El pasado 20 de octubre, Bolivia asistió a las urnas para ejercer su deber democrático. Lamentablemente, el Órgano Electoral Plurinacional no fue capaz de conducir el proceso eleccionario con idoneidad, transparencia e imparcialidad, tan esenciales para garantizar la voluntad del soberano.
Su presidenta y vocales nunca estuvieron a la altura de afrontarla con probidad moral y ética, pues primó en todo momento su anuencia solapada y cómplice hacia el gobierno que, de manera infame, violó la CPE, las leyes del código y régimen electoral. A ello se suman las renuncias continuadas de vocales de sala plena como Katia Uriona, Dunia Sandoval, José Luis Exeni, la dimisión de tres vocales, además de la destitución y renuncia de una treintena de técnicos y funcionarios de cargos medios de trayectoria en efecto domino, y que definitivamente desnudaron su fragilidad institucional.
María Eugenia Choque, junto a los miembros de Sala Plena, continuamente cometieron faltas electorales y decisiones atentatorias a la norma constitucional, como la habilitación ilegal de Morales y Linera, desconociendo la voluntad popular del 21-F de 2016; la decisión de llevar adelante elecciones primarias; el silencio ante los delitos electorales cometidos por el partido oficialista, contraviniendo lo establecido en el Art. 116 del Régimen Electoral, que señala restricciones a la propaganda y actos de proselitismo hasta 72 horas antes de la jornada electoral.
La mala fama y el lastre de la desconfianza que se ha ganado el TSE, queda expresada en el manejo grotesco y desvergonzado del proceso electoral, tras hacerse público los primeros resultados extraoficiales, según los cuales era inminente el balotaje entre Morales y Mesa el 15 de diciembre; la Sala Plena decidió interrumpir súbitamente el escrutinio de la Transmisión Rápida y Segura de Actas de Resultados Preliminares de Actas en Recinto (TREP) al 83,76% de los votos emitidos.
Reanudado el sistema después de 20 horas, el escrutinio reflejó un cambio en la tendencia a favor de Morales, despertando las sospechas ante la presencia de un evidente fraude electoral que daba cuenta de un triunfo en primera vuelta del MAS, al haber alcanzado más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo candidato Carlos Mesa. El accionar sospechoso del Órgano Electoral, desató una ola de movilizaciones a nivel nacional, manteniendo vigilias permanentes en los tribunales electorales departamentales, a pesar de la represión policial. En medio de los incidentes en La Paz, el rector de la UMSA y miembro del CONADE, Waldo Albarracín, terminó con el rostro ensangrentado.
Entre los indicios que dan cuenta del mayor fraude y corrupción electoral en el país está la suspensión abrupta del conteo rápido del TREP que, en su primer y único reporte, daba cuenta de una ventaja de Morales (45,28%) frente a Carlos Mesa (38,16%); pero que luego de 20 horas en el reinicio sorpresivo y al conteo del 95,30% de votos confería una ventaja de 10,1 puntos sobre Carlos Mesa; la celebración apresurada y convencida de Morales el domingo poco después del cierre de las urnas; el hallazgo de cientos de cajas de votos y material electoral en una vivienda particular en Potosí, así como decenas de maletas (cajas) electorales arrojadas en varias calles de La Paz con papeletas marcadas a favor del MAS.
Por si fuera poco, está la renuncia de Antonio Costas, vicepresidente del TSE, por la “desatinada” interrupción del TREP; la preocupación y sorpresa de representantes de la Unión Europea y la OEA por el cambio drástico e injustificable tendencia de resultados preliminares tras el cierre de las urnas. Creemos que es deber constitucional de este Órgano Electoral transparentar los resultados de las elecciones, si acaso aún les queda un poco de dignidad, honra y respeto al pueblo boliviano.
El autor es MGR. Docente e investigador UMSS – Cbba.
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