Exigen atención médica para “preso político”

Managua.- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco exigió ayer al Gobierno de Nicaragua que brinde atención médica al "preso político" Marcos Campos, quien supuestamente lleva tres semanas evacuando sangre, sin ser atendido por un especialista, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.

"Empeora estado de salud de Marcos Campos, es urgente que reciba atención especializada. Exigimos que se respeten sus derechos humanos", informó la Unidad, en una declaración pública.

Según la Asociación de Presos Políticos Nicaragüense, Campos "está defecando, orinando y vomitando sangre" desde inicios de octubre, mientras que los familiares sostienen que el joven no ha recibido atención médica.

Por su parte la Asociación de Familiares de Presos Políticos han declarado el caso como una "urgencia", ya que el reo además presenta problemas de hipertensión, diabetes y dolor abdominal, por lo que se temen un caso de leucemia, por falta de atención médica.

Desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega los opositores han denunciado que el Gobierno niega la salud a las personas que no comparten la ideología del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El caso más emblemático sobre la negación de la atención médica contra opositores es el del adolescente Álvaro Conrado, quien sobrevivió a una bala en la garganta supuestamente disparada por un francotirador de la Policía nicaragüense cuando protestaba contra Ortega, pero murió desangrado tras ser rechazado en al menos dos hospitales, en abril de 2018.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) documentó este y otros casos, que aparentemente confirmaron la violación del derecho a la salud pública en el país centroamericano.

Además, el manejo discrecional de la salud pública de Nicaragua provocó que Estados Unidos y Canadá aplicaran sanciones económicas a la funcionaria Sonia Castro, quien supuestamente dio la orden que cobró decenas de vidas, y que tras ser sancionada hace cuatro meses, pasó de ser ministra de Salud a asesora personal de Ortega.

La falta de atención médica ha sido una queja constante de los "presos políticos" y demás opositores desde el inicio de las protestas antigubernamentales, que han dejado cientos de presos, muertos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El saldo letal de las protestas ha provocado que una aparente mayoría exija la renuncia a Ortega, quien se niega a dejar el poder que recuperó en 2007, e identifica las protestas como un supuesto "intento de golpe de Estado".

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes "de lesa humanidad", y le responsabiliza por la muerte de al menos 328 personas en el marco de la crisis.

Grupos defensores de los derechos humanos en Nicaragua cuentan hasta 651 víctimas mortales, mientras Ortega ha admitido 200. (EFE)