Legislativo firmó, en un día, 207 concesiones mineras

Contrariamente a todo lo que se dice del Poder Legislativo que estudia y aprueba leyes con tardanzas de meses y años, esta vez este primer Poder del Estado, el día jueves 18 de octubre aprobó 207 contratos mineros; lo hizo en un solo día; por supuesto, contando con la mayoría del MAS porque a la oposición “se entregó un CD recién en la mañana”. Este extremo de “rapidez y eficiencia” solo podía ser en vísperas de elecciones y quienes fueron beneficiados con las concesiones seguramente han esperado mucho tiempo para que se les firme autorizaciones que normalmente duran entre tres y seis meses en ser aprobadas.

La oposición, con justa razón, reclama que recién en la mañana del día en que se firmó recibieron la grabación con las respectivas leyes y, lógicamente, fue imposible estudiarlas para ser aprobadas o, en su caso, hacer las observaciones del caso. Los diputados, extrañados, recibieron los proyectos y simplemente asistieron a la aprobación de los 207 contratos.

Según diputados de oposición, cada uno de los contratos contaba siquiera con 12 o 15 hojas de antecedentes; entonces, leer y estudiar más de 2 mil textos era prácticamente imposible para los firmantes y mucho más difícil para quienes están en la oposición. Pero todo se explica porque “así convenía al partido de gobierno por razones político-partidistas”. Lo grave es que entre los contratos aprobados están muchos que se refieren a concesiones en las faldas del Illimani, haciendo caso omiso a que se suspendan los trabajos porque atentan contra el milenario nevado que es monumento nacional. En el criterio de una diputada, “se firmaron los contratos ‘a ciegas’ por la mayoría oficialista.

No se sabe si por no leer 2.000 páginas o porque confían ciegamente en el Ejecutivo”. Es muy triste ver cómo se entrega los recursos naturales a cooperativistas y a empresas. “La aparición masiva de contratos mineros o adjudicación de cuadrículas mineras es para cumplir promesas, captar votos y garantizar la elección de parlamentarios de las provincias…”.

La prensa, como corresponde, publicó la noticia de la firma en un solo día de tantos contratos y, lógicamente, la reacción del público es de extrañeza porque no se explica cómo se puede obrar tan arbitrariamente al firmar leyes que autoricen la explotación de minas o yacimientos mineralógicos o vetas de oro que, en cualquier caso, requieren de muchos estudios que con seguridad no han realizado ninguna de las dependencias técnicas que tiene el Estado.

La precipitada firma muestra la forma en que es manejado el Poder Legislativo, donde todo señala que se actúa conforme a intereses y conveniencias creadas. Interesante será que todos esos documentos sean publicados y debidamente revisados por la Contraloría General del Estado que, en todo caso similar debería intervenir porque se trata de bienes del Estado que no se puede disponer libre y festinatoriamente. AFICHES por LUSBEL Eric L. Cárdenas del Castillo El sistema de gobierno y de vida democrático tiene entre sus principios el “estado de derecho”, es decir una situación social en la que el desarrollo de la vida en sociedad, está ajustada al cumplimiento de las leyes por gobernantes y gobernados. Además el orden jurídico más allá de ser un principio de armonía, es un orden impuesto por las leyes.

Cuando en una sociedad se rompe, se incumple el ordenamiento jurídico -el mismo que como orden está ordenado jerárquicamente, es decir que hay normas superiores y otras de menor jerarquía, como sucede con la “pirámide de Kelsen” en la que en la cúspide está la constitución y de ahí para abajo las demás normas legales-, se produce un desorden, el mismo que debe ser restaurado con la imposición de las leyes, para restituir el “estado de derecho” o sea el ordenamiento legal.

El orden jurídico se expresa hacía el exterior bajo la forma de la paz pública o paz social, que es un orden positivo necesario para la existencia del individuo y la sociedad, esta paz social se compone de dos elementos: uno de naturaleza material externa, que es la seguridad y otro de carácter de ideal interno, la justicia social.

Pero el orden jurídico no sólo consiste en la consecución de la seguridad impuesta por la autoridad de la ley, sino que debe buscar una perfecta adecuación entre orden y seguridad, pero éstas para su realización requieren de la coercibilidad y la coacción, que determina la ley, es decir la violencia legal, que ejercita el poder público.

Sin embargo, la única justificación para el carácter coercitivo y coactivo del derecho, es la legitimación de la fuerza por el consentimiento o aceptación del pueblo al establecimiento de un régimen social determinado. El sistema democrático legitima el poder a través de la consulta al pueblo sobre quién y cómo quiere ser gobernado, de cuyo resultado recién se produce la “obediencia debida” a la autoridad y la ley, inspirada en el “pacto o contrato social” que se efectiviza con el voto ciudadano, en caso contrario, cuando la “voluntad general”, al decir de Rousseau, es desobedecida o alterada se da lugar a la posibilidad de la resistencia y rebelión contra toda imposición fuera de la ley.

En nuestro país se ha dado precisamente un rompimiento del orden legal, en su más alta jerarquía del ordenamiento, la Constitución como ley de leyes, que es la que norma para la vida del Estado, su organización, alcances, etc., en la parte orgánica, y en la parte dogmática establece los derechos y deberes de los ciudadanos, pero también limita los alcances del poder, entre éstos señalando el tiempo de ejercicio de poder para evitar las dictaduras, así señala que el ejercicio del poder sólo será por dos períodos continuos.

Resulta que el actual Presidente del Estado Plurinacional está ya tres períodos continuos y pretende quedar un cuarto y así hasta que se muera, no obstante que un referendo convocado por el mismo gobierno, que consultó sobre cambiar la previsión constitucional que señala límites, fue negado por la mayoría del pueblo soberado, el mismo que fue desconocido, produciéndose un segundo rompimiento del orden jurídico.

A eso debe añadirse el “írrito” fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que “modificó la Constitución” sin tener competencia para ello, habilitando ilegalmente al presidente para un nuevo período, al igual que el Tribunal Supremo Electoral. De inicio las elecciones de 20 de octubre estuvieron impregnadas de ilegalidades, las que se coronaron con un “monumental fraude” electoral, que le dio la victoria al presidente-candidato ilegal, a lo que el pueblo ha reaccionado con la rebelión y resistencia, que desde esa fatídica fecha tiene enfrentados a los bolivianos, pues el régimen populista traslada a gente del área rural y de un sector de las cooperativas mineras, mediante la prebenda del pago para amedrentar a los ciudadanos de las urbes en protesta, siguiendo el ejemplo de la dictadura criminal de Nicolás Maduro en Venezuela y del tirano Ortega en Nicaragua.

La ambición de poder de unos pocos que hace catorce años disfrutan del poder y sus canonjías, no puede imponerse sobre la voluntad mayoritaria del pueblo, así sea utilizando la violencia que es el camino al que acuden los dictadores en su debilidad para perpetuarse en el poder, no importa la sangre del pueblo y su sufrimiento. La violencia genera violencia, en una espiral catastrófica que puede llevarnos al desastre, todo por la ambición de unos pocos. El autor es abogado, politólogo y escritor.

Espiral de violencia Álvaro Numbela Tejada La democracia es del pueblo. En la democracia de hace 30 años el pueblo boliviano abandonaba su soberanía ante sus representantes. Hoy la participación de los ciudadanos en el manejo del Estado se ha expandido. Pero la democracia CONSENTIDA de un tipo de Poder personalizado, no pasará en Bolivia.

EL PROBLEMA DE LA SOCIEDAD

De nada sirve que los principales tenores del gobierno establecido, a noviembre de 2019, nos digan que “estamos frente a una escalada de la violencia, que continuará en los siguientes días”. Peor aún todavía, que reconozcan que “son funcionarios

TEMPORALES

en el ejercicio del Poder”(1). Al respecto, que los gobernantes sean funcionarios temporales resulta altamente gratificante, en este sentido los mejores ejemplos son los de Mauricio Macri, Michelle Bachelet, el popular José Pepe Mujica, el presidente más pobre del mundo, que después de haber cumplido con sus periodos constitucionales que la ley establece, se fueron a sus ocupaciones habituales. Sonrientes y felices, expresaron su deseo de haber cumplido bien con la gestión de sus respectivos estados. En una escala diferente, lo mismo harán Donald Trump, Boris Johnson, Emmanuel Macron, etc.

En tanto que Bolivia configura una gestión de Estado con un Poder personalizado, que pone de manifiesto un continuismo rechazado por la voluntad general. Este poder se encarna en un hombre que concentra los instrumentos de poder y tiene a la vez la justificación de la autoridad. En estas condiciones el Poder individualizado no es la energía de representaciones que se hace la sociedad boliviana, a propósito de su futuro; dado que es el “Jefe” quien simboliza el poder y es su voluntad que la realiza. Por esta razón la entrega de la Carta como una decisión del pueblo de Bolivia no prosperará.

CONVOCATORIA A LA PACIFICACIÓN

Los voceros del Poder oficial hablan también de una convocatoria a la pacificación. Esto porque ante el Poder social de una Bolivia paralizada, entienden que no pueden negar ningún compromiso. Para ello es suficiente recordar la desaparición de muchos imperios. Entonces, si se toma una voluntad SINCERA de diálogo con Luis Fernando Camacho y otros, debía ya establecerse una estrategia basada en la dialéctica del Orden y del Movimiento. No es ni siquiera gentil decir: “Que deje su carta en ventanilla, como cualquier otro ciudadano”.

En la estrategia referida, partidos, comités, interaccionan, se consolidan cediendo y modificando posiciones, cambiando inclusive de aliados, de tal manera que la violencia del combate se amortigua en cuestión de minutos. Qué ocasión más linda para lograr la pacificación en cuestión de minutos. Consiguientemente, Sr. Roberto Aguilar, Ministro de Educación, Ud. que denota inquietud, haga aquella pacificación, por el más grande amor a Bolivia. Y demuestre que un gobierno no es un poste bien plantado al centro de la sociedad, para inmovilizar sus aspiraciones, sus problemas. Se trata del Poder social que ahora concurre no a una confrontación brutal de gladiadores, sino concurre a un escenario cuya coreografía obedece a Reglas de Derecho. Cuya flexibilidad evita a los gobernantes utilizar la fuerza pública. 1.- Radio Panamericana: Micrófono abierto, La Paz 7 de noviembre de 2019. Hora 10: 50.

El feminicidio o femicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer a manos de un hombre, por machismo o misoginia, según la Real Academia Española. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual, contra mujeres y niñas. Otros lo definen como «el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres ».

Según Russell, «el feminicidio representa el extremo de un continum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales ». Varios países lo han incluido como delito en sus legislaciones penales, con variaciones en el tipo penal. Desde diciembre de 2018, el diccionario de la lengua española define «feminicidio» como el «asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia». La introducción al idioma español se produjo a partir de la traducción del concepto aportado por Russell y en el marco de las revelaciones sobre impunidad en los asesinatos de mujeres de ciudad Juárez en México, para poder expresar la gravedad de una conducta generalizada en la sociedad contemporánea, para la que no había una palabra en especial.

La definición más común de feminicidio es aquella que lo conceptualiza como el asesinato de una mujer por razones de género. El plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2009-2015 lo definió como homicidios de mujeres en condiciones de discriminación y violencia basados en el género. Como definición general, la precisión y adaptación del feminicidio a contextos culturales y sociales es más discutida.

Mientras que algunas estudiosas han optado por definir el feminicidio como la consecuencia de estructuras de poder en un sistema patriarcal, otras lo han definido como una modalidad de poder propia de ex colonias, que interactúa con los sistemas sociolegales formales e informales y da forma a una economía de la muerte en la que operan distintos actores, como la iglesia, policías, jueces y otros actores encargados del control social. En algunos casos se utiliza el término femicidio, con un significado sinónimo.

Algunas personas en cambio hacen una distinción entre femicidio y feminicidio, expresando con el primero el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, y con el segundo, el «conjunto de femicidios en una situación de absoluta o patente inactividad de los estados para la persecución y evitación de tales crímenes”…. En las décadas de 1970 y 1980 varias investigadoras feministas comenzaron a aplicar la perspectiva de género en la criminología, especialmente en el homicidio, detectando una gran cantidad de asesinatos de mujeres, a manos de hombres, por motivos relacionados con la dominación de género, lo que dio lugar a la publicación de varios libros. Explosión del sentimiento nacional Sobre