Espiral de violencia

El sistema de gobierno y de vida democrático tiene entre sus principios el “estado de derecho”, es decir una situación social en la que el desarrollo de la vida en sociedad, está ajustada al cumplimiento de las leyes por gobernantes y gobernados. Además el orden jurídico más allá de ser un principio de armonía, es un orden impuesto por las leyes.

Cuando en una sociedad se rompe, se incumple el ordenamiento jurídico -el mismo que como orden está ordenado jerárquicamente, es decir que hay normas superiores y otras de menor jerarquía, como sucede con la “pirámide de Kelsen” en la que en la cúspide está la constitución y de ahí para abajo las demás normas legales-, se produce un desorden, el mismo que debe ser restaurado con la imposición de las leyes, para restituir el “estado de derecho” o sea el ordenamiento legal.

El orden jurídico se expresa hacía el exterior bajo la forma de la paz pública o paz social, que es un orden positivo necesario para la existencia del individuo y la sociedad, esta paz social se compone de dos elementos: uno de naturaleza material externa, que es la seguridad y otro de carácter de ideal interno, la justicia social. Pero el orden jurídico no sólo consiste en la consecución de la seguridad impuesta por la autoridad de la ley, sino que debe buscar una perfecta adecuación entre orden y seguridad, pero éstas para su realización requieren de la coercibilidad y la coacción, que determina la ley, es decir la violencia legal, que ejercita el poder público.

Sin embargo, la única justificación para el carácter coercitivo y coactivo del derecho, es la legitimación de la fuerza por el consentimiento o aceptación del pueblo al establecimiento de un régimen social determinado. El sistema democrático legitima el poder a través de la consulta al pueblo sobre quién y cómo quiere ser gobernado, de cuyo resultado recién se produce la “obediencia debida” a la autoridad y la ley, inspirada en el “pacto o contrato social” que se efectiviza con el voto ciudadano, en caso contrario, cuando la “voluntad general”, al decir de Rousseau, es desobedecida o alterada se da lugar a la posibilidad de la resistencia y rebelión contra toda imposición fuera de la ley.

En nuestro país se ha dado precisamente un rompimiento del orden legal, en su más alta jerarquía del ordenamiento, la Constitución como ley de leyes, que es la que norma para la vida del Estado, su organización, alcances, etc., en la parte orgánica, y en la parte dogmática establece los derechos y deberes de los ciudadanos, pero también limita los alcances del poder, entre éstos señalando el tiempo de ejercicio de poder para evitar las dictaduras, así señala que el ejercicio del poder sólo será por dos períodos continuos.

Resulta que el actual Presidente del Estado Plurinacional está ya tres períodos continuos y pretende quedar un cuarto y así hasta que se muera, no obstante que un referendo convocado por el mismo gobierno, que consultó sobre cambiar la previsión constitucional que señala límites, fue negado por la mayoría del pueblo soberado, el mismo que fue desconocido, produciéndose un segundo rompimiento del orden jurídico.

A eso debe añadirse el “írrito” fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que “modificó la Constitución” sin tener competencia para ello, habilitando ilegalmente al presidente para un nuevo período, al igual que el Tribunal Supremo Electoral. De inicio las elecciones de 20 de octubre estuvieron impregnadas de ilegalidades, las que se coronaron con un “monumental fraude” electoral, que le dio la victoria al presidente-candidato ilegal, a lo que el pueblo ha reaccionado con la rebelión y resistencia, que desde esa fatídica fecha tiene enfrentados a los bolivianos, pues el régimen populista traslada a gente del área rural y de un sector de las cooperativas mineras, mediante la prebenda del pago para amedrentar a los ciudadanos de las urbes en protesta, siguiendo el ejemplo de la dictadura criminal de Nicolás Maduro en Venezuela y del tirano Ortega en Nicaragua.

La ambición de poder de unos pocos que hace catorce años disfrutan del poder y sus canonjías, no puede imponerse sobre la voluntad mayoritaria del pueblo, así sea utilizando la violencia que es el camino al que acuden los dictadores en su debilidad para perpetuarse en el poder, no importa la sangre del pueblo y su sufrimiento. La violencia genera violencia, en una espiral catastrófica que puede llevarnos al desastre, todo por la ambición de unos pocos. El autor es abogado, politólogo y escritor.