Oscar Espinosa García
En Cochabamba, durante la última presidencia del Gral. Hugo Banzer, la empresa Aguas del Tunari subió las tarifas del servicio de agua potable, con el propósito de obtener financiamiento para la construcción de una presa en Misicuni, un proyecto muy anhelado en el Departamento de Cochabamba. Ello originó protestas en la ciudad de Cochabamba que paralizaron a la ciudad por varios días y requirieron la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Hubo muerto un joven, por el disparo de un oficial de las Fuerzas Armadas, que se vio a través de un video y que nunca fue sancionado por la Justicia. A este acontecimiento se lo llamó “La Guerra del Agua”.
No se produjo la subida de las tarifas y más bien ocasionó la salida de la empresa Aguas del Tunari. Hace 16 años en octubre de 2003, se produjo la denominada “Guerra del Gas”, cuyo objetivo era evitar la salida de gas natural por territorio chileno hasta un puerto en el océano Pacífico, donde sería licuado y transportado en barcos al mercado de Estados Unidos (EEUU). Hubo 70 muertos, vandalismo, saqueos, destrucción de la propiedad pública y privada y provocó la salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Lo paradójico de este suceso, es que existe la posibilidad de que tengamos que importar gas natural por esta vía, por el agotamiento que se puede producir de nuestras fuentes gasíferas. Y si no sucede este hecho y volvemos a la producción de gas natural con el descubrimiento de nuevos pozos, YPFB tiene que entrar al negocio del gas natural licuado y éste tendrá que hacerse a través de puertos chilenos.
La desgracia es que hemos perdido un gran negocio que hubiera producido recursos valiosos para el país, ahora EEUU exporta gas natural. En el Ecuador, el gobierno del presidente Lenin Moreno tomó la decisión de quitar el subsidio a los combustibles. Esto originó la protesta primero de los transportistas y luego de los indígenas, 20.000 de ellos se trasladaron a Quito y ocasionaron una revuelta que paralizó las actividades de la ciudad por varios días y la muerte de 8 personas.
Este hecho en Bolivia sería llamado “la guerra del subsidio”. Curiosamente los indígenas son los que serían los menos afectados por esta medida. Los subsidios a los combustibles favorecen a las personas que tienen vehículos o empresas, o sea hablando de clases, de la clase media para arriba. Para abajo, sobre todo a las clases que sufren pobreza, les llegan poco los beneficios del subsidio y justamente son las clases que más los necesitan. La medida fue derogada y los indígenas se proclamaron vencedores de la contienda.
El presidente Moreno declaró que, por el subsidio el Ecuador perdió 60.000 millones de $US, desde el Gobierno de Correa. Para cualquier país, el precio de los combustibles es el precio que rige en el mercado internacional. Si tiene que comprarlos en éste, tiene que pagar con divisas ese precio (incluyendo el transporte), si los produce, igual sigue siendo el precio que debe regir en el mercado interno, porque es lo que el país obtendría, si es que los vendiera en el mercado internacional. Es lo que se hace en los países que tienen economías eficientes.
Es lo que se hace en Chile, Perú, Brasil y Colombia y es lo que se hacía en Bolivia, cuando regía en su plenitud el decreto 21060. El subsidio es una medida que se toma para favorecer a sectores de la población que se encuentran en condiciones de pobreza o que necesitan incentivos para desarrollar su capacidad de generar ingresos, lo cual no se logra con los subsidios universales.
Para que tengan efecto tienen que llegar directamente a ellos. Con los subsidios universales se favorece a sectores que tienen los medios para generar ingresos y pueden o deben enfrentar los costos reales de los combustibles. Por otro lado, estos promueven el despilfarro de los escasos recursos que tiene el país y el contrabando. El precio de la gasolina especial en Bolivia es de 3,74 Bs el litro (0,54 $US), según el experto Mauricio Medinaceli debería ser de 11,98 Bs el litro (1,72 $US), o sea tendría un subsidio de 8.24 Bs equivalente a 1,18 $US.
Esto sin considerar el subsidio implícito que tiene el dólar. Lo mismo podemos decir del diésel. Entre enero y agosto de 2019, la compra de combustibles y lubricantes le costó al país 1.914 millones de $US, de los cuales unos 1.300 millones de $US corresponden al subsidio a los combustibles. Esto hace que una buena parte de los ingresos por el gas se destine a la importación de combustibles, lo que no permite que se repongan las reservas en moneda extranjera.
Pero lo más importante es que se desperdicia escasos recursos, que podrían ser usados para aumentar el producto nacional. Podrían servir para construir carreteras para los pobres (que están completamente olvidadas), sistemas de agua potable o de riego o centros de educación y salud, lo que permitiría que les llegue realmente el subsidio. El autor es ingeniero civil y docente de la UMSA.
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