Responsabilidad frente a la nueva realidad

Un vigoroso levantamiento social del 10 de noviembre pasado puso fin a una etapa histórica de Bolivia, abriendo nuevas posibilidades de seguir adelante. Una recordación en líneas generales permite apreciar que el régimen económico-político establecido en los últimos años del siglo pasado, entró en aguda crisis y fue sustituido por otro con base en un proceso electoral el año 2003.

Este gobierno nació con expectativa popular, pero con agudas contradicciones internas, que lo deterioraron durante los casi catorce años que subsistió en el poder. Finalmente, agotado su ciclo de vida, las grandes dificultades internas explotaron frente el intento de establecer un sistema de gobierno indefinido, objetivo que se intentó por medio de elecciones viciadas de fraude, irregularidad que desembocó en una rebelión popular de grandes proporciones y aventó tanto al gobierno como al régimen establecido en la Constitución Política del Estado, dictada por la Asamblea Constituyente del año 2006.

Esa nueva Constitución, definida como legal, pero ilegítima, (y a la que, en última instancia, se puede atribuir la crisis final) resultó, a la vez, contraria al sentido histórico del país, y era difícil que pudiese mantenerse en forma indefinida. En efecto, después de firme y larga resistencia, se gestó el levantamiento popular que puso fin al orden económico-político establecido por el minoritario grupo gobernante.

El levantamiento insurreccional del 10 de noviembre se precipitó en vista del ostensible fraude electoral del 20 de octubre y se desplomó con todo su contenido económico-político para determinar el establecimiento de un nuevo orden histórico que, mediante una nueva Constitución, esté de acuerdo con la realidad del país y, así, en forma concreta pase de un régimen utópico populista a un orden democrático y nacional que refleje la realidad.

La insurrección del 10 de noviembre, que culminó con un “golpe de Estado” según el grupo gobernante depuesto, da nueva orientación política al país, si bien éste no cambió el ordenamiento económico establecido. Cambió el gobierno, pero no el régimen, como ocurrió casi siempre a lo largo en la vida de la historia de Bolivia. El pueblo boliviano encara, por tanto, un crucial momento que es preciso enfrentar con un gobierno y la necesidad de una nueva Constitución democrática y nacional, so pena de caer en círculo vicioso de nuevas crisis estructurales.

En estas circunstancias, la responsabilidad del futuro corresponde a la visión de gobernantes, partidos políticos y sectores partidarios que sobrevivieron a la crisis y, en particular, del pueblo en general, protagonista de uno de los episodios políticos más notables de nuestra época contemporánea.