Hagamos un pacto

Después de 2 días sin gobierno y 21 días de conflictos, finalmente se produjo la sucesión constitucional por la ausencia definitiva de Evo Morales y Álvaro García, cristalizada con su arribo al país de México, bajo el status de asilados políticos el pasado 12 de noviembre.

Ante el vacío de poder y en aplicación del artículo 170 de la CPE, que determina la sucesión constitucional inmediata originada en la vacancia, abandono material de funciones por impedimento definitivo, conforme al texto y sentido de la Constitución, la presidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez Chávez, se convirtió en la nueva Presidenta del Estado, a través de la activación de la “sucesión constitucional inmediata”, para resguardar y garantizar el fin supremo de la vida, la integridad y el orden público.

No fue necesaria la lectura y consideración de las cartas de renuncia ante la ALP, que era la estrategia dilatoria de los de la bancada oficialista, quienes, al parecer, desconocían la Declaración Constitucional del año 2001, que establece el mecanismo de sucesión “ipso facto” hasta la finalización del periodo constitucional, sin necesidad de ley y resolución congresal alguna.

Posteriormente el TCP validó la constitucionalidad de la sucesión especificando que “para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169-I de la CPE, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”.

Áñez tiene la misión de convocar a elecciones generales en el menor tiempo posible, pero fundamentalmente, pacificar el país ante la ola de violencia, saqueos y vandalismo generados por grupos delictivos, especialmente en El Alto y La Paz. Una vez más triunfó la democracia y el estado de derecho tras la convulsión inducida por los resabios del MAS, cuyo pensamiento e influencia ideológica anacrónica y mezquina, impide superar esta crisis social persistente.

Más aún recurren a estrategias y argumentos reprochables como la discriminación y el odio infundado entre bolivianos, así como la promoción tendenciosa de supuestos agravios a símbolos patrios como la wiphala.

Es censurable el perverso adoctrinamiento de gente indígena, bajo consignas equívocas de exclusión, racismo y autovictimización para fortalecer nostalgias de una izquierda socialista inescrupulosa, y misógina de identificación con el ex–presidente indígena y que, junto a otros sectores, representaron su base política corporativa sindicalista y gremial.

Resulta aún más atroz, utilizarlos como carne de cañón y apronte para sus ignominiosos intereses de poder; diseminando en ellos, la animadversión y malquerencia hacia los “otros” en el conato recurrente de ahondar en viejas heridas sociales que creímos haber superado.

Por todo ello, hagamos un pacto por el bien del país, buscando construir días mejores para todos, asegurando la paz y la armonía tan indispensables para la estabilidad política, económica y social de la nación; la exclusión definitiva de peroratas de menosprecio hacia el “otro”, indecorosamente avivado en este último tiempo.

Es fundamental anteponer valores y principios como la racionalidad, solidaridad, reciprocidad y reconocer conscientemente que somos poseedores de una riqueza cultural diversa e invaluable, que lejos de dividirnos constituye un factor potente que nos integra y complementa de principio a fin.

Tenemos una indomable fuerza de autodeterminación y unidad en la diversidad, la convicción y firmeza para contribuir a desarticular mezquindades e imposturas falaces de superioridad e inferioridad que solo promovieron atropellos e injusticias. De ahí que es imperativo reconstruir juntos una nueva Bolivia con libertad, dignidad, democracia, pluralidad, armonía y paz, anteponiendo el interés superior de la patria bajo el imperio de la Ley. El autor es MGR. Docente e investigador UMSS – Cbba.