La seguridad de la ciudadanía

El Estado tiene como finalidad el “bien común” de todos los habitantes y estantes de su territorio y una de las exigencias de este bien es la seguridad de los individuos, tanto en lo interno como en lo externo.

La seguridad interna se da en la seguridad ciudadana que debe garantizar el Estado a los pobladores ante las agresiones de otros individuos contra su integridad física, psicológica, la propiedad sus bienes y actividades cotidianas.

La seguridad colectiva debe ser preservada ante los peligros que amenacen la paz, y tranquilad de los individuos y por ello se debe tomar acciones concretas destinadas a eliminar o prevenir esas amenazas a la seguridad de la población.

Esa finalidad es obligación del Estado, se le otorga a la autoridad los mecanismos legales para cumplirla, y en su caso acudir a la coercibilidad y coacción, que debe tener como único respaldo la legitimidad, es decir que la ciudadanía hubiera expresado su conformidad.

La ciudadanía paceña una vez más es víctima de las acciones de individuos que en nombre de los denominados “movimientos sociales” han cerrado violentamente los accesos a la ciudad, determinando un cuadro de aflicción colectiva que tiene rasgos delictivos, pues estos grupos contaminados por el “lumpen” han ocasionado graves destrozos a la propiedad privada y pública.

El gobierno emergido de la renuncia y huida del caudillo que gobernó el país casi catorce años consecutivos, ante la protesta y rebelión de la ciudadanía, en especial de jóvenes y mujeres, se ha constituido siguiendo la sucesión presidencial prevista en la Constitución Política del Estado, la misma que le confiere todas las atribuciones para cumplir con la misión de restaurar la paz, la seguridad y legalidad de la ciudadanía, utilizando los medios de la coercibilidad y coacción (la primera es la posibilidad del uso de la fuerza legal y la segunda es el uso mismo de la fuerza). Pretender obtener algún resultado a través de la violencia, provocando la desesperanza y desazón de la ciudadanía, es absolutamente reprobable, más aún cuando siguiendo la amenaza del caudillo populista caído, estos grupos irregulares deben cercar a las ciudades, condenándolas al hambre, lo que importa un grave atentado a los derechos humanos.

Las medidas reprobables de los grupos facciosos son una consecuencia de las políticas diseñadas por los regímenes agrupados en el Foro de San Pablo y el Alba, que son los resabios del comunismo internacional que luego de la caída del muro de Berlín, ha resucitado al abrigo de países contestatarios del orden mundial que se desenvuelve en los términos de las libertades democráticas y el libre mercado. Las organizaciones cívicas paceñas, como el “Movimiento Cívico Paceño” y la Plataforma Cívica Integrada del Departamento de La Paz han condenado los destrozos y atentados al ornato público, la propiedad de los vecinos paceños y los intereses colectivos de la paceñidad.

Que la paz, el orden y la justicia sean restauradas en la sede de gobierno y otras ciudades de nuestro país, pues la violencia conduce a la violencia y atenta contra los derechos fundamentales de las personas. El autor es abogado, politólogo y escritor.