Chile adopta Constituyente

Asumiendo una actitud lógica frente a las circunstancias políticas delicadas, autoridades de la nación chilena acordaron firmar un “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución” y convocar a una Asamblea Constituyente que tendrá como misión central cambiar o reformar la obsoleta Constitución Política aprobada por la dictadura del presidente Augusto Pinochet en 1980 y se mantuvo vigente cerca de treinta años.

Una Asamblea Constituyente es convocada cuando un país exige cambios sustanciales, cuando sufrió calamidades extremas, una conmoción interna o un cambio político de gobierno por un movimiento revolucionario que reclama no solo un nuevo gobierno sino también reformas sustanciales al régimen socio-económico imperante y que ya no da cabida al cuerpo social, a menos que, como recuerdan los mitos de la antigua Grecia, se tenga que cortar los pies del paciente.

La actual Constitución fue redactada y aprobada en su texto fundamental por los sectores más conservadores chilenos durante el régimen militar pinochetista, por un cuestionado plebiscito en 1980.

Tenía como objetivo garantizar la permanencia en el poder de los sectores más tradicionales, incluso terminada la dictadura militar y, a la par, hacía casi imposible su reforma, aun con el retorno del régimen democrático.

Semejante anquilosamiento del pensamiento jurídico-político determinó la creciente oposición pública que se inició con manifestaciones para no permitir el alza en los precios de pasajes en el metro de Santiago, lo que derivó en la mayor revuelta que registró Chile en treinta años.

Tal problema culminó a mediados de noviembre con episodios violentos que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, y comenzó un histórico como inédito proceso constituyente que, además, contará con la participación de la ciudadanía. Fue resultado de intensas negociaciones entre los principales partidos de oposición, sectores del gobierno que, finalmente, aprobaron un “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución”, que un parlamentario definió así: “Muere la Constitución de la dictadura y nace una de la democracia”.

En virtud de ese acuerdo, el original estudio de la nueva Carta magna deberá pasar por dos etapas, la primera a cargo de una “convención mixta” de tipo oficialista, que pasará a una “convención constitucional” formada por la oposición. Enseguida el proyecto será ratificado por un plebiscito en octubre del próximo año, el mismo que se realizará con votación universal y voto obligatorio.