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La senadora Carmen Eva Gonzales pidió al Gobierno de transición el cambio de la cúpula de ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la cabeza de su vicepresidente nacional de operaciones Gonzalo Saavedra Escóbar y otros, para evitar que varias irregularidades sean “tapadas” por una “cúpula de masistas” que responden a la gestión anterior.
Dijo que el nuevo presidente de YPFB José Luis Rivero Sandoval – estrecho colaborador de Carlos Villegas al igual que Saavedra - habría ratificado a los ejecutivos que dejó el saliente Oscar Barriga, quien entregó cupos a las organizaciones sociales del Chapare para que éstas designen a sus allegados en cargos ejecutivos en la planta Carrasco y la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo.
Gonzales indicó que en las últimas horas recibió denuncias en sentido que algunos responsables que operan en el Chapare, tenían conocimiento de los riesgos que corrían ambas plantas, pero que por su condición de militantes del MAS, no alertaron para tomar previsiones.
Grupos de cocaleros volaron 200 metros del gasoducto dejando sin gas a Bulo Bulo y afectando el suministro a otras regiones.
Desde que estalló la crisis social y política con el bloqueo cívico en Santa Cruz, los equipos técnicos de YPFB pidieron al Gerente de Industrialización Favio Bustios M. y al director de la planta de Bulo Bulo Henry Lapaca, paralizar operaciones debido a que al paro y luego el bloqueo de caminos, hacían imposible transportar la urea.
Sin embargo ordenaron continuar la producción al extremo que los galpones de almacenaje se saturaron y al momento hay cerca de 35 mil toneladas de urea que se estarían echando a perder. Indicó que según las denuncias, el gerente de Industrialización fue puesto por el expresidente Oscar Barriga y el director Lapaca designado por Saavedra, con el aval de las organizaciones sociales.
Durante la crisis Lapaca no estuvo en la planta y dejó abandonado a su personal porque no hubo un plan de evacuación aprobado por YPFB y ordenaba operaciones vía teléfono ya que no se encontraba en Bolivia sino hasta el 11 de noviembre.
La legisladora teme que la continuidad de estos ejecutivos impida la investigación, toda vez que se ha generado un daño económico al Estado que pudo haberse evitado, si ordenaban a tiempo suspender la producción. Actualmente Bulo Bulo está completamente paralizada por falta de gas.
Mencionó también desde agosto hay denuncias presentadas ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y ante la Unidad de Transparencia de YPFB, en torno a otras irregularidades sobre la ejecución del contrato de 99.5 millones de dólares para ampliar la planta de Refinación Gualberto Villarroel.
La empresa española Técnicas Reunidas habría entregado la obra de manera incompleta y el fiscal de obra Julián Parrilla, ocultó información del incumplimiento y fue protegido por el entonces Guillermo Achá. La senadora pide al ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora ordene investigar las irregularidades señaladas.
