Evo Morales, el peor enemigo de los indígenas y campesinos

Pareciera tratarse de una falsedad decir que el gobierno de Evo Morales-Álvaro García Linera fue el peor enemigo de los indígenas y campesinos en la historia de Bolivia.

Sin embargo, esa es una verdad innegable y aún más preocupante porque ese hecho fue obra de alguien que proclamaba a los cuatro vientos que era “indígena” y representaba a ese sector social en el gobierno nacional.

En efecto, la política agraria que practicó ese gobierno causó enormes e irreversibles daños a campesinos, indígenas, comunarios, interculturales, etc., a tal extremo que es comparable con la que practicó el tirano Mariano Melgarejo (1864- 1871), pues anuló los alcances de la Reforma agraria de 1953.

Esa verdad no requiere adjetivos ni argumentos forzados; es suficiente remitirse a los hechos que pasamos a enumerar. Gobiernos anteriores al de Evo Morales desataron una ofensiva contra los pobladores del campo, dictando medidas como la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada, medida que fue ratificada, corregida y aumentada por el gobierno de Evo Morales, con el título de “Ley de reconducción comunitaria de la Reforma agraria”, la misma que arrebató a los indígenas el derecho de propiedad de la tierra e inclusive les quitó la tierra de que eran dueños desde 1953.

Vale decir que los convirtió de propietarios absolutos de sus parcelas en meros ocupantes, tenedores o usufructuarios de sus terrenos. Así mismo, por esas disposiciones, la tierra, considerada siempre propiedad de la Nación, pasó a ser propiedad del Estado, acto de usurpación colectiva al que siguió otro no menos delictivo, el estelionato, que consistió en que el Estado Plurinacional vendía a los indígenas las mismas parcelas con que fueron dotados como propietarios por la Reforma agraria de 1953.

Por dichas medidas, los hasta entonces propietarios de tierras rurales dejaron de ser dueños de sus parcelas, pues no podían venderlas, alquilarlas, hipotecarlas, ni siquiera trabajarlas, siendo condenados, por consiguiente, a la miseria y obligados a migrar a las ciudades y al exterior del país.

Es más, se trató de un retroceso histórico que implicaba el retorno al sistema de trabajo de colonato feudal, por el cual los tenedores del suelo hacen trabajar a otros indígenas por el sistema de trabajo pagado en especie (tierra, comida, ropa, etc.), peor que en tiempos de los latifundistas.

Ese régimen establecido por la “Ley de Reconducción comunitaria de la Reforma agraria” dictada por Evo Morales, se puso en aplicación compulsivamente con el llamado “saneamiento” de tierras que paralizó la totalidad de la economía agraria. Por esa vía fue anulada la Reforma agraria de 1953 y los campesinos dejaron de ser dueños de sus tierras, considerando que si una persona no puede vender un bien no es dueño del mismo.

Algo peor. Por dicho saneamiento los títulos de propiedad entregados por la Reforma agraria de 1953 resultaron sin valor alguno y los campesinos e indígenas quedaron obligados a realizar un nuevo trámite para obtener otro título de propiedad, por un procedimiento costoso, difícil y corrupto que al final no tenía valor alguno, ya que el beneficiario seguía sin poder vender la tierra. Más aún, “congelaba” la primitiva distribución de la propiedad de la tierra.

Entonces vino otra medida anti campesina del gobierno “indígena” de Evo Morales. En efecto, la prohibición de venta de tierra, que al principio fue una Resolución y pasó a ser Decreto y Ley, fue establecida en forma definitiva en la Constitución de Evo Morales, el año 2006.

La prohibición de venta de tierras por el gobierno indígena a los mismos indígenas determinó, a la par, un efecto dominó, pues por esas medidas dejaron de trabajar la tierra, migraron a las ciudades y el exterior del país, abandonaron la agricultura y dejaron al país sin alimentos, obligando al gobierno a hacer importaciones por 500 millones de dólares y autorizar el contrabando masivo por suma parecida, para abastecer las ciudades, dar muerte a la agricultura y llegar al desabastecimiento como en Venezuela.

Esa nefasta política agraria del gobierno “indígena” también fue discriminatoria con los indígenas ya que permitió a los terratenientes del oriente vender sus tierras, en la misma forma que a los propietarios urbanos y así permitirles enriquecerse con diversas formas de la renta territorial. El gobierno de Evo Morales prefirió pactar con la oligarquía agropecuaria y no con los campesinos indígenas, quienes solo merecieron el desprecio del terrateniente feudal de Orinoca.

Entre otros, se produjo, además, el atraco de mil millones de dólares al Fondo Indígena (Fondioc) que guardaba dinero para beneficiar a la población rural, por parte de un grupo de delincuentes que circulan inmunes e impunes.

El simple hecho que el gobierno de Evo Morales Ayma hubiese prohibido a los indígenas en general, la venta de tierras y el derecho de propiedad por medio de la Constitución, fue el peor daño que se pueda imaginar a los indígenas. En vez de anular todas las medidas al respecto, más bien la consolidó, amplió y aplicó con costo de cerca de 500 millones de dólares, incluyendo colaboraciones de países europeos, a los cuales engañó con programas ilusorios a título de “ayuda” a los “hermanos indígenas explotados durante quinientos años” y otras lindezas.

El “gobierno indígena” de Evo Morales fue, a todas vistas, un gobierno anticampesino y antiindígena, discriminador y racista, hechos que deben ser comprendidos por los campesinos bolivianos, sus autoridades y gobiernos extranjeros que no tienen conocimiento de la verdad y se orientan por falta de información o engaños de la propaganda. Igualmente, deben ser encarados por el actual gobierno de transición, si tiene sensibilidad social.