Fiscalía crea condiciones para que juicio contra Morales no prospere

El abogado Eduardo León aseguró a EL DIARIO que dentro el proceso que se le sigue a Evo Morales por sedición y terrorismo, la Fiscalía no está llevando el caso jurídica y técnicamente como debiera sino que están “intencionalmente” creando las condiciones para que este proceso se caiga.

El 22 de noviembre de 2019, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, instruyó el inicio de una investigación en contra del expresidente Evo Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra Yarwi por los delitos de terrorismo y sedición, después que se reveló un audio donde el primero ordena cercar las ciudades. Días después se emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario.

“Luego de haber revisado, por informaciones, lo que el Estado impulsa como denuncia contra Evo Morales encuentro serias dudas y contradicciones en los actos de los fiscales, en especial en el Fiscal General, puesto que a estas alturas estoy en la seguridad de que la Fiscalía está saboteando al Gobierno de transición debido principalmente a que jurídica y técnicamente no están llevando el caso como debiera ser sino están intencionalmente creando las condiciones para que este proceso se caiga”, manifestó.

Aclaró que los tipos penales que la Fiscalía incorporó de oficio como el de sedición, es un delito político que automáticamente impide que una persona sea extraditada y por el contrario, da pie a un acto de asilo.

En esa línea dijo que las bases de la investigación debieron ser desde el inicio sólo de orden público no político, para así crear las condiciones de un proceso técnicamente apegado a la ley penal.

“El ejemplo más claro es que se expide un mandamiento de aprehensión contra Evo Morales sin cumplir las bases mismas que ordena la Constitución y el Código Procesal Penal y en esa consecuencia este mandamiento no tiene origen legal”, aclaró.

En ese contexto, manifestó que la Fiscalía hace caer al Gobierno en la ingenuidad cuando afirma que el mandamiento de aprehensión fiscal produce efectos jurídicos en el exterior del país, lo que no es así ya que solo un mandamiento de aprehensión emitido por un juez puede ser el instrumento jurídico para lograr extraditar a una exautoridad y que active el sello azul de la Interpol sobre ubicación y captura internacional.

Empero – aclaró - que el requisito básico es que el proceso no responda a tipos penales de delitos políticos que eviten las excusas de los perseguidos por la justicia y que aleguen causas políticas, como en este caso la sedición.

“Solo se podía sindicar a Evo Morales y a sus cómplices de terrorismo, lo cual basta y sobra para generar convicción sobre los hechos y las consecuencias jurídicas de los actos que este desplegó, pero ahora la Fiscalía y el Estado boliviano se han amarrado de pies y manos y le han dado chance a los imputados para articular una defensa que deja al descubierto la irregular forma de manejo que la Fiscalía ha hecho del caso y la incapacidad técnica jurídica procesal en materia penal”, lamentó.

AUDIO

El 20 de noviembre de 2019, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un video, que posteriormente fue autenticado por del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), donde se escucha una conversación del dirigente cocalero del Chapare Faustino Yucra y Evo Morales, en la que el expresidente ordena que no se deje pasar alimentos a las ciudades.

El 10 de diciembre de 2019, el Ministerio Público remitió ese material a Colombia para que se realice un análisis fonético para confirmar que se trata del exmandatario.

En esa oportunidad el fiscal Rudy Terrazas, indicó que se estimaba 10 días hábiles, como plazo para que se termine el estudio y se conozca el resultado, empero a la fecha se desconoce el resultado.

A su turno, León dijo que el audio es una prueba que más allá que tenga confirmación de Colombia, sino de cómo se usa ese elemento de convicción y cómo se adecua al proceso.

“Claro está que los errores y sabotajes internos a la causa le están dando un golpe muy fuerte al propio proceso que ya no solo está bajo interpelación de la justicia nacional sino internacional lo cual da poco chance a maniobras jurídicas que quieran implementar los denunciantes y la Fiscalía”, refirió.

En esa línea dijo que todo el proceso responde a una estrategia jurídica de alto nivel cuyas bases no están siquiera en Bolivia y que tiene actores que están articulando una defensa estrictamente jurídica evitando lo político cuando se debería trazar un plan serio y bien elaborado sobre la responsabilidad penal de Evo Morales en los actos de terrorismo y sus consecuencias para evitar intromisión política.

“Pero como en Bolivia tenemos un órgano judicial y principalmente una Fiscalía celestina del expresidente, las esperanzas no superan los niveles de optimismo. Esto es derecho penal señores y no cualquiera puede trazar líneas que demuestre la responsabilidad de Evo Morales y se precisa más que de una intención o denuncia, una estrategia procesal penal que bajo un hilván minucioso permita generar convicción en la comunidad nacional e internacional sobre los actos criminales ejercitados por Evo Morales”, lamentó.

SUSCEPTIBILIDAD

Al respecto, el coronel en servicio pasivo del Ejército, experto en Inteligencia y abogado constitucionalista, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que la prórroga del tiempo en la entrega del resultado del audio es algo raro y genera mucha susceptibilidad.

“Habría que preguntar a la Fiscalía General si ese trabajo solicitado a Colombia es un acto de gentileza o es remunerado como corresponde, y considero que debe ser así; en este caso se debió consultar los plazos de entrega de los resultados y no suponer como lo hizo el fiscal Terrazas, sobre el cual ya se debía pedir informe sobre la presente irregularidad”, apuntó.

Refirió que el Gobierno boliviano debe hacer las gestiones pertinentes a través de la cancillería para la recuperación de ese material de audio en el que se ve involucrado Evo Morales en delitos de terrorismo y hacer el análisis en los Estados Unidos con empresas especializadas responsables y cubriendo costos económicos para no depender del favor, ya que los resultados de esa investigación serán de mucha importancia para la vida democrática y jurídica en el Estado.

Asimismo, aseguró que el resultado puede generar una línea de responsabilidad de actos de terrorismo de Morales en caso de demostrar la autenticidad de la conversación, pero si el mismo audio no fuera auténtico o estuviera adulterado la situación sería distinta.

“Si la Fiscalía no coordinó los plazos de entrega de los resultados del análisis de contenido, es una negligencia premeditada por tanto existen responsabilidades en las autoridades bolivianas, específicamente en la Fiscalía, y para enmendar esta falencia deben solicitar la devolución del material entregado tan pronto como sea posible y enviar a otro Estado para su análisis de autenticidad; que según los procedimientos de investigación este trabajo técnico - científico no podría demorar más de diez días”, apuntó.

A través de la Unidad de Comunicación de la Fiscalía informaron a EL DIARIO que la demora de los resultados a las pericias del material enviado a Colombia se debe a los problemas sociales que se vive en ese país.