Riesgo económico por hechos anteriores

En Bolivia nos encontramos próximos al “colapso económico”, según advertencia del ex ministro de Economía de Evo Morales, Luis Arce Catacora. Después de 14 años de derroche de ese Gobierno y de impunidad para una caterva de burócratas de su preferencia que se enriquecieron. Este desbarajuste económico tuvo como uno de sus ingredientes un déficit fiscal en 2019 del 8.2% y del 7% desde hace 6 años seguidos. La madre del cordero fueron las contrataciones sin licitación y la corrupción generalizada.

Las carreteras, entre otros, ofrecen prematuros deterioros, como por ejemplo la de La Paz-Oruro o no se las concluye desde el inicio del anterior Gobierno, citamos la de Caranavi-Quiquibey. Otras fueron abandonadas por las empresas contratistas, como la de Charazani-Apolo-Ixiamas. La ABC, los ministros y las autoridades debían callar o hacer simulacros de denuncias porque la coima o el sobreprecio les sellaban la boca.

En estos días son innumerables y, prácticamente, ningún ente estatal se libra de salir a luz con los negociados descubiertos o que conocidos permanecían en silencio. Hubo contrataciones y adquisiciones pagadas al 100% sin que los proveedores efectuaran la entrega respectiva, como las famosas “barcazas” chinas o el de software para la Gestora Pública por Sysde Internacional Inc., por más de 5 millones de dólares, de los que recibió 3 millones, habiendo rescindido el contrato. Con una serie de irregularidades el Gobierno de Morales contrató para el mismo fin a la firma Heinsohn, esta vez por casi 11 millones de dólares, acusando crecido sobreprecio. Si el Gobierno transitorio sigue adelante con este proyecto puede quedar manchado.

A todo lo anterior se suman las plantas industriales sobredimensionadas en volumen y con un coste más que millonario. Las “comisiones” y prebendas que seguramente acarrearon deben estar en directa relación. A los actuales gobernantes, por transitorios que sean, les corresponde denunciar e investigar a fondo. Ahí tenemos la planta de urea de Bulo Bulo que con un coste de 1.000 millones de dólares funciona solo al 30% de su capacidad. La de separación de líquidos de Yacuiba, carente de suministro suficiente de gas, emplea solamente uno de sus dos módulos. La mina de Comibol de Huanuni con alrededor de 700 obreros producía mucho más mineral, pero contando desde el 2006 con 4.500 a 6.000 trabajadores, solo en déficit operacional pierde 8 millones de dólares. Puede decirse que es una carga para el Estado.

No hay espacio para seguir este dramático examen. Pero enunciativamente anotamos los 1.400 millones de bolivianos de pérdidas de Entel por malas adquisiciones, derroche y privilegios. De 6 helicópteros Súper Puma adquiridos a una firma francesa el 2014 por Evo Morales en 150 millones de dólares, al presente funciona uno. Nadie se percató de fallas iniciales ni de su adecuado mantenimiento. Quedan en el tintero muchos casos dignos de una pesadilla económica de 14 años.