Número de extranjeros aumentó por uso de suelos

El Plan de Uso del Suelo (Plus) de Beni estableció nuevas categorías y zonificación, permitió el desmonte y deforestación de áreas boscosas con fines agroindustriales, y se dotó tierras a migrantes menonitas y brasileños que ingresaron a territorio boliviano sin ningún control; según destacaron el Portal de Beni y la agencia Anf. La promulgación de la Ley del Plan de Uso del Suelo del Beni (PLUS), que zonifica en cinco categorías y nueve subcategorías el uso del territorio en esa región, ocasionó que varios sectores en esa región se declaren en alerta.

El desmonte de tierras protegidas estarían destinadas fundamentalmente a favorecer a la agroindustria con el cultivo de caña, arroz, maíz y soya.

“Ya hay un aumento de la presencia de menonitas y ya se han ido dotando tierras en áreas protegidas. Hay leyes que poco a poco han generado esta deforestación y desmonte. Hay presencia también de brasileros que de a poco desde las fronteras están entrando a tierra boliviana para desmontar y desforestar, sin ningún control”, dijo a ANF el investigador y biólogo Vincent Vos.

El cuestionado plan para el uso de suelos (PLUS) tiene el  fin fundamental de beneficiar a los grandes soyeros, que paralelamente pretenden diversificar su negocio con el cultivo de caña “para el biodiesel con una producción mecanizada a gran escala, según refirió el experto a la agencia noticiosa.

Otro sector que beneficiado es el ganadero que en un inicio tuvo una demanda de 4 millones de hectáreas. En esa línea fue la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), que apoyo e impulsó el PLUS, con el argumento de una mayor producción, mejores ingresos y, por tanto, incremento de fuentes de trabajo, señala el reporte emitido desde el departamento de Beni.

CONTRA INDÍGENAS

El presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Beni, Oscar Saavedra, en declaraciones a medios locales señaló que la normativa recientemente aprobada además de atentar contra las reservas naturales en esa región del país, no contó con la participación del sector indígena.

A su vez, los activistas ambientales cuestionaron que más del 40% del suelo (cerca de nueve millones de hectáreas) considerado en el Plus esté destinado a la industria pecuaria.

Desde el Beni, medios locales informaron que la normativa ha violado los principios constitucionales que protegen el de medio ambiente y precautelan el desarrollo con sostenibilidad, sin tomar en cuenta las garantías para la conservación de la riqueza natural.

Recientemente la Fundación Tierra difundió un estudio en el que señala que los empresarios ganaderos accedieron a tierras ilegalmente, algunas propiedades tienen más de 17.000 hectáreas.

Según un reporte de la Fundación Tierra, la industria ganadera tiene predios para este uso muy por encima de lo que la Ley permite, cinco mil hectáreas.

El informe hace referencia a propiedades cuya extensión registrada el 2016 alcanza 17.000 hectáreas, a pesar de que no la totalidad de las tierras son efectivamente utilizadas ya que cerca de 14 mil hectáreas fueron calcinadas por el incendio que dejó graves saldos para ese sector

AGENDA AMBIENTAL

Activistas ambientales de la Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente (Codapma), recientemente expresaron al Gobierno su exigencia de cumplimiento de la agenda ambiental.

“Convocamos a seguir organizados, fiscalizar y luchar por una restauración verdadera de nuestros bosques”, platearon los miembros de Codapma mediante un comunicado en el que reclaman acciones concretas para evitar un mayor deterioro de las tierras y bosques severamente afectados por lo que denominaron “agronegocio” y la industria hidroeléctrica.

Codapma cuestionó también el accionar de las instancias del Ejecutivo respecto a las política ambiental, en cuyo criterio actúan por encima de lo que se discute internamente en las mesas de trabajo, “… los ministerios de Planificación, de Medio ambiente y Tierras convocan hasta el cansancio la participación y voluntad del empresariado cruceño”, por lo que exigen una pronta auditoría al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para “develar los intereses particulares y quiénes pactaron con el masismo para incendiar la Chiquitanía”.