Gobiernos de la droga

A mediados de octubre pasado, el presidente de México ordenó a la policía poner en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del famoso Chapo Guzmán, el más grande -no en estatura porque es bajito- de todos los narcos de la región.

Sabe el presidente mexicano que los cárteles de la droga son decenas en su país y controlan, como un ejército de ocupación, amplias zonas de Sinaloa, Chihuahua y Guerrero, donde la policía no tiene pisada.

El cocalero boliviano, que estuvo de presidente cerca de catorce años hasta el 10 de noviembre pasado, tiene el mismo cariño por los narcotraficantes, por todos ellos. Un informe del coronel José Dulfredo García, Director de Régimen Interno, dice que el cocalero ahora prófugo dispuso la libertad, mediante decreto presidencial, de 3.695 narcotraficantes entre los años 2014 y 2019.

El cocalero, como se puede observar, es mayorista y no se limita a poner en libertad a un joven narcotraficante, sino a miles.

En 2014, de los 1.698 indultados por el cocalero, 1.463 habían cometido delito de narcotráfico violando la Ley 1.008, en 2015, de los 1.656 indultados, los narcotraficantes sumaron 1.239, en 2016 la relación había sido de 520 indultados y 455 narcos, en 2018 fueron 770 indultados y los narcos sumaban 726 y en 2019 los indultados fueron 856 y de ellos, los narcos fueron 812, según las cifras del coronel García.

En suma, los indultos presidenciales del cocalero Morales beneficiaron sobre todo a los traficantes de drogas, a aquellos que habían violado la Ley 1.008. De los 4.695 indultados mediante decretos especiales en todos esos años, 3.695 eran narcotraficantes, es decir 85% de todos.

El presidente mexicano libera a un narcotraficante mediante orden especial y el cocalero boliviano libera a 3.695 mediante decretos de indulto.

Lo que no han dicho estos dos personajes, el mexicano y el cocalero boliviano, es si ellos piensan que el narcotráfico ha dejado de ser un delito, incluso si la ONU lo define como tal, porque es imposible controlarlo. Una corriente de opinión muy grande propone que se libere la venta de las drogas ahora prohibidas.

El problema es que esas drogas siguen siendo prohibidas. Y el gobierno que decida perdonar a quienes trafican con ellas está cometiendo delito, ya sea porque libera a un narcotraficante o a 3.695 de ellos.

Las propias leyes nacionales, de Bolivia y México, definen como delito la fabricación y tráfico de las drogas prohibidas. Quienquiera que llegue al gobierno de ambos países debe entender que esa es una ley y que se la debe aplicar de todos modos.

Aquí no cuenta si uno de ellos es proveedor de materia prima para una droga, o si el otro es enemigo del país al que van las drogas, por lo menos de dientes para afuera; lo que cuenta es que se trata de una actividad ilegal y que para cambiar eso es preciso que todos los países del planeta decidan hacerlo en las Naciones Unidas.

El electorado debe estar enterado de esto.

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