“Sello rojo se activa solo con orden de aprehensión judicial”

Los abogados Eduardo León y Eusebio Vera coincidieron, por separado, que la única manera de activar la notificación roja para la aprehensión de Evo Morales a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es una orden judicial, que a la fecha no fue emitida.

De acuerdo a las normas de la Interpol, las notificaciones rojas se utilizan para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena.

El abogado Eduardo León, en contacto con EL DIARIO, explicó que para activar el sello rojo se requiere un mandamiento de aprehensión que emane del juez a requerimiento de la Fiscalía.

“La Interpol recibiendo el mandamiento de aprehensión por parte de un juez cualquiera del territorio nacional, en materia penal, determina la activación del sello rojo y en ese sentido la aprehensión, en este caso de Evo Morales. La Fiscalía debe pedir al juez que se expida este mandamiento de aprehensión y remitir ante el Ministerio de Gobierno para que a través de esa instancia, o directamente Interpol procedan a la aprehensión de la persona cuando esta ya fue ubicada”, aseveró.

A su turno, el abogado Eusebio Vera explicó que en el caso de las notificaciones rojas el Ministerio Público, mediante los fiscales de materia, debe solicitar al Juzgado para que ordene este extremo.

Manifestó que el conducto para estos casos es que la parte denunciante, en función a los antecedentes que haya, solicite al Ministerio Público y esta instancia al Órgano Judicial y estos sacar una Resolución con la que debe ser notificada la Fiscalía, quienes deberán remitir el documento a la Interpol para que activen las notificaciones que recomiende el juez.

“El único que puede realizar este tipo de actuados a nivel jurisdiccional es el juez y el juez remitir esa orden al Ministerio Público para que haga cumplir ese aspecto y el brazo operador que son los investigadores, deben hacer ejecutar esa orden”, explicó.

SIN SELLO

León aseguró que a la fecha no hay ningún sello activado en contra de Evo Morales y que tampoco es necesario porque es de conocimiento general el lugar donde reside actualmente, empero para lograr su captura de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Constitución y la Ley del Ministerio Público, el Fiscal General del Estado, y por el principio de unidad, cualquier fiscal que esté investigando a Evo Morales, deben pedir al juez que expida el mandamiento de aprehensión para capturar a la persona, en este caso, ubicada.

“La Fiscalía sabe bien dónde se encuentra Evo Morales, no se puede ni siquiera declararlo rebelde, porque al saber dónde está se lo podía haber notificado vía cancillería, sin embargo, ahora en virtud a los delitos graves que se están investigando, toda vez que el expresidente tiene la posibilidad de fugarse o ausentarse del país y que está obstaculizando las investigaciones, se pueden activar los tres requisitos para poder solicitar el mandamiento de aprehensión, ya que el requerimiento de aprehensión que ha emitido la Fiscalía simplemente se ejecuta en territorio nacional, y es más el requerimiento que la Fiscalía ha emitido no tiene resolución de respaldo y en esa medida el expresidente goza de una impunidad absoluta y de un encubrimiento por parte de la Fiscalía”, aseguró.

GOBIERNO V/S FISCALÍA

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó ayer que instruyó a la Interpol activar la aprehensión internacional contra Morales, quien es acusado por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo.

“He dado la orden a las seis que Interpol active la orden de la aprehensión internacional”, dijo.

A su turno, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, negó que desde el Ministerio Público se haya activado la notificación roja de Interpol contra Evo Morales.

“Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de la Interpol, reitero nosotros no hemos activado como Ministerio Público esta situación”, indicó.

DEMORA

A su turno el abogado constitucionalista Jorge Santistevan manifestó que las contradicciones entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público deben ser aclarados en las próximas horas y proceder a la ejecución de los actos de investigación para aplicar las medidas del sello rojo ante la Policía Internacional.

“Este caso denota retraso ante la urgencia de aclarar la situación jurídica de Evo Morales ante la comunidad internacional. Hasta la fecha solamente fueron declaraciones de autoridades y políticos sobre delitos cometidos por esta exautoridad y de otras que lo acompañaron, pero sin el respaldo de la justicia”, lamentó.

Por su parte, el abogado constitucionalista, William Bascopé, manifestó las contradicciones entre Murillo y Lanchipa denota una falta de coordinación entre dos entes estatales.

“Lo que me parece raro en esto es que uno diga que ya lo instruyó y lo haya dado a conocer y el otro desconozca, en ese sentido crecen las sospechas en la labor del Fiscal General, al cual se ha cuestionado por su cercanía con el gobierno de Evo Morales y Héctor Arce. Más que darnos certezas nos da incertidumbre”, lamentó.

DATOS

El 22 de noviembre de 2019, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, instruyó el inicio de una investigación en contra del expresidente Evo Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra Yarwi por los delitos de terrorismo y sedición, después que se reveló un audio donde el primero ordena cercar las ciudades. Días después se emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario.