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[Angélica Siles]

¿Nueva “invasión” de España a Bolivia o conspiración?


La Constitución Política del Estado establece en el Art. 172 que “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la Ley: 1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 16) Preservar la seguridad y la defensa del Estado”. La Ley 1747, Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1954, establece en el Art. 1 que “No es lícito a los Estados dar asilo en Legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes, que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por Tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar”.

El Mundo de España en una nota tituló que “Bolivia acusa a España de ‘colonialismo criminal’”, cuando 4 “encapuchados armados diplomáticos” del Grupo Especial de Operaciones (GEO) pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía de España, trataron de ingresar a los predios de la residencia de México en La Paz en visita de “cortesía”, para tratar de rescatar a nueve ex autoridades del gobierno de Morales.

Juan Ramón Quintana fue quien dijo que Bolivia será “un Vietnam moderno”. Fue militar mimado en EEUU, Boina Verde, alumno de la Escuela de las Américas Fort Benning (Georgia EUA), donde aprendió infiltración y contra-información, “técnicas de coacción como amenazas, meter miedo y dolor (colectivo)”. “Fui oficial del Ejército y estoy preparado para experimentar escenarios de altísimo riesgo, un oficio no compatible con la complacencia ni la timidez”, dijo a El Deber.

Esta visita de cortesía de encapuchados era para ayudar a huir a Juan Ramón Quintana, acusado de terrorismo y sedición, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro, Hugo Moldiz; Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro, Pedro Dorado, ex Viceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, ex Director de Agetic, que tendrían mucha información sobre montos de dinero provenientes de Venezuela y Bolivia que habrían salido rumbo a las arcas de algunos partidos que por ahora son aliados del presidente español Pedro Sánchez, según publicó la agencia Brújula Digital.

Hermann Tertsch, periodista y parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo, ha revelado lo que habría dicho el ex Ministro de la Presidencia de Evo Morales: “El chantaje de Ramón Quintana es: si no me sacáis de la embajada de México en Bolivia, contaré toda la historia de la financiación ilegal de los líderes de Podemos desde los narco-gobiernos de izquierdas (Morales, Maduro, Díaz Canel…) en Iberoamérica”. De ser cierto, se debe investigar en España por qué el GEO incursionó en Bolivia, qué pacto existe entre PSOE, Podemos y el ex presidente Morales.

La Cancillería de Bolivia calificó el incidente de flagrante violación a la soberanía nacional, informaron que españoles de la embajada abandonaron el país y se los identificó de la siguiente manera: José Luis Rivera Pérez, Juan Manuel Fernández Chamorro, Jesús María Varas García, Jorge Santos Casaus, Sergio Mora Mendieta y Sergio Casal Rodríguez. En tanto, la población continúa haciendo vigilia en la zona donde se encuentra la vivienda diplomática, para “evitar” la huida de los asilados.

La presidenta Ánez declaró personas no gratas a diplomáticos de México y España, como María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de la embajada de España, Cristina Borreguero y al cónsul Álvaro Fernández, otorgándoles plazo de 72 horas para que abandonen el país. Lamentablemente, España reaccionó expulsando a tres de nuestros compatriotas dependientes de la Embajada de Bolivia en España, como el encargado de negocios Luis Quispe Condori, agregado militar Marcelo Vargas Barral y del policial Orfo Fernando Oblitas.

Los “servidores diplomáticos” tienen que rendir cuentas del trabajo que realizaron en beneficio de Bolivia y los residentes bolivianos en España o solo estuvieron en un exilio dorado. Y España debe explicar a Bolivia sobre quién impulsó o autorizó para que realicen ese tipo de actos que van contra la Soberanía de Bolivia.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.

 
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